El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal amerita una revisión profunda, pues de lo contrario se pondría en riesgo el Pacto Federal que da sustento al Estado mexicano.
Sobre todo ahora, cuando los gobernadores se muestran inconformes con el reparto de recursos recaudados por concepto de impuestos al Valor Agregado (IVA), Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) y Sobre la Renta (ISR), ya que consideran inequitativa esta distribución. E insuficiente para cubrir las necesidades de sus territorios.
Desde hace por lo menos dos décadas, se ha insistido en el tema. Sin embargo, el Gobierno Federal –bajo el mandato de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y (ahora de) Andrés Manuel López Obrador–, le ha dado largas al asunto, pues acorde a la anacrónica Ley de Coordinación Fiscal, le concierne manejar el 80 por ciento del total de ingresos fiscales generados en todo el país.
A los gobiernos estatales se les adjudica el 15 por ciento; y el resto, 5, a los municipales.
Pero la repartición del 15 por ciento resulta inequitativa, puesto que se distribuye un 45.1% con base al número de habitantes, sin importar cuánto haya recaudado cada entidad; un porcentaje igual se prorratea entre los 32 estados que más recolecten; y el resto (9.66), se reparte en una proporción inversa a las participaciones por habitantes que tenga cada localidad.
Para el investigador José María Serna de la Garza (UNAM) esto es un indicador del grado de dependencia financiera de los estados y municipios.
Y precisamente esto ya no quiere la asociación civil Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), por lo que exige reformar la Ley de Coordinación Fiscal, para que del total de la recaudación (en todo el país), la Federación ejerza el 70 por ciento 10 puntos menos–, el 20% los estados y un 10 por ciento los municipios.
RECOMENDACIÓN AÑEJA
De acuerdo con el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, cada uno de sus integrantes está obligado a respetar los acuerdos suscritos en 1947 al desarrollarse la Convención Nacional Fiscal, sobre el cobro, la recaudación y administración de los recursos públicos.
Seis años después entró en vigor la Ley de Coordinación Fiscal –cuya reforma más reciente se dio en 1978–, aunque para los gobernadores ésta dejó de funcionar adecuadamente desde el 2000, cuando el centralismo se hizo más agudo, pues les empezó a conculcar recursos, bajo una errónea interpretación del reparto.
De ahí que los mandatarios estatales iniciaran su reclamo de adecuar, conforme a los nuevos tiempos, la reglamentación en la materia.
Sobre el particular, un análisis presentado ante los gobernadores y el Presidente de la República Mexicana, confirma que ‘antes de la aparición de los primeros antecedentes claros de la coordinación fiscal, la situación existente se caracterizaba por la multiplicidad de tributos federales, estatales y municipales; la complejidad del sistema tributario; la existencia de leyes fiscales a menudo contradictorias, y las exacciones desproporcionadas e inequitativas en gravámenes.
‘Para corregir esta situación –establece el documento–, se realizaron inicialmente las Convenciones Nacionales Fiscales.
‘A partir de 1973, todos los estados fueron coordinados, al reformarse la Ley Federal Sobre Ingresos Mercantiles, con una tasa única general del 4% por ciento aplicable en toda la República Mexicana, en lugar de la tasa federal que existía (1.8%) y la regulación del 1.2% para los estados que se coordinaran.
‘Posteriormente, la Ley de Coordinación Fiscal de 1980 derogó la Ley de 1953; originando lo que hoy conocemos como el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal’.
No obstante, la coordinación fiscal se ha centrado fundamentalmente en el aspecto del ingreso, aunque hubo procesos de descentralización del gasto federal en educación y salud,
