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Columnas: Enroque

Impunidad presidencial

/ 27 de diciembre, 2019 / José Luis Hernández Chávez

“Algo similar pensó la ciudadanía cuando el panista Vicente Fox Quesada llegó al gobierno federal, pero el sexenio terminó y tampoco pasó nada”

Uno de los graves problemas de México es la impunidad presidencial, durante su mandato y después de haber dejado el cargo, ningún presidente de la República responsable de actos delictivos ha sido enjuiciado. Periódicamente se habla de la posibilidad de que acabe esa práctica pero, hasta ahora, no ha sucedido.
Cuando el Presidente Ernesto Zedillo asumió la Presidencia, por ejemplo, corrió la especie de que apresaría a Carlos Salinas de Gortari, sin embargo, al final de cuentas solamente envió a prisión al hermano del primer mandatario, Raúl Salinas, la primera vez que se tocaba a un miembro de la familia del jefe de la nación.
Algo similar pensó la ciudadanía cuando el panista Vicente Fox Quesada llegó al gobierno federal, pero el sexenio terminó y tampoco pasó nada. El Vaquero de las botas únicamente intento encarcelar al entonces dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps, pero todo quedó en intento fallido, como el cambio que el mandatario ofreció a los votantes a lo largo de la campaña electoral.
Ahora que está al frente de las riendas políticas del país un presidente que no pertenece al PRI ni al PAN, Andrés Manuel López Obrador, ha vuelto a cobrar fuerza el tema, no son pocos los que piensan que existen muchas probabilidades de que por primera vez un ex presidente corrupto sea llevado ante la justicia.
El motivo, que el gobierno obradorista agregó al catálogo de delitos por los que podría ser enjuiciado un ex presidente, el fraude electoral y actos de corrupción, entre otros, ya que antes, el artículo 108 de la Constitución establecía que el Jefe del Ejecutivo federal solo podría ser procesado judicialmente por traición a la patria y delitos graves del orden común.
El marco legal ya existe, las evidencias sobran, no hay jefe del ejecutivo que no sea transa, sólo falta que se aplique la ley.
La detención de Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Púbica del presidente Felipe Calderón Hinojosa y Director de la Agencia Federal de Investigaciones en el gobierno de Fox Quesada, acusado de vínculos con el crimen organizado, aporta suficientes pruebas para que se proceda legalmente contra alguno de los ex presidentes, como ocurrió con Collor de Melo, Dilma Rousseff e Ignacio Lula, en Brasil, Fujimori y Carlos Andrés Pérez, en Perú, Carlos Saúl Menem en Argentina y el dictador Augusto Pinochet en Chile.
Si AMLO no envía a prisión a alguno de sus deshonestos antecesores, causará desencanto y pasara a la historia, como ha sucedido en los sexenios del tricolor y de Acción Nacional, como encubridor de delincuentes y acabará el mito de que llegaría a Palacio Nacional para poner fin a la corrupción y la impunidad presidencial que pregonó en los 14 años de lucha política.
Por fortuna, en los gobiernos estatales ya se ha empezado a hacer justicia. Hoy hay varios ex gobernadores tras las rejas, Javier Duarte, de Veracruz, Eugenio Hernández Flores y Tomás Yárrington Ruvalcaba, de Tamaulipas, César Duarte Jácquez, de Chihuahua, se encuentra prófugo, el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, fue encarcelado por los delitos de peculado y desvío de recursos del Seguro Popular, los gobernadores panistas de Sonora, Guillermo Padrés Elías, y de Aguascalientes, Luis Reynoso Femat, también fueron procesados y no sería extraño que ocurriera lo mismo al ex jefe del ejecutivo tamaulipeco, Egidio Torre Cantú.
Igual que los aludidos ex gobernadores, en Tamaulipas también se ha enviado a la cárcel a varios ex alcaldes. El perredista Jorge Sosa Pohl, que gobernó el municipio de Madero durante el periodo 1996 y 1998, fue encarcelado por peculado, también el ex munícipe de Tampico, Oscar Rolando Pérez Inguanzo, quien en 2011 fue detenido bajo el cargo de uso indebido de atribuciones y funciones públicas, aunque al término del juicio fue absuelto.
Acusaciones parecidas se hicieron a los ex alcaldes del puerto jaibo, Gustavo Torres Salinas, y de la urbe petrolera, Mario Neri Castilla, pero de las denuncias ante las autoridades ministeriales y del golpe mediático no pasó y se ignora si los procesos fueron congelados y las causas por las que no ha vuelto a hablarse de ellos.
Para concluir, una buena noticia, el presidente López Obrador anunció que en el 2020 no habrá sorpresas económicas negativas porque, como era habitual en los gobiernos que le precedieron, esta vez no se aumentarán la luz, el gas, tampoco los impuestos, por lo que la cuesta de enero será menos lesiva y angustiosa, que ojalá sea veraz y no quede en buenos propósitos del año nuevo. HYPERLINK «mailto:jlhbip2335@gmail.com» jlhbip2335@gmail.com