Cuestionar una política de la
nueva administración no
significa ser su adversario,
ya no digamos su enemigo.
Mucho menos significa avalar
todo lo que se hacía en pasadas
administraciones. Cuestionar
es una invitación a discutir, a
debatir, a controvertir, a poner
frente a frente argumentos que
sustentan una posición. Es,
sobre todo, una oportunidad
para reafirmar o corregir. Por
algún motivo, esta práctica,
que está en el corazón del
progreso de la civilización, no
le gusta al Presidente. Cualquier
cuestionamiento convierte a su
emisor en un enemigo y defensor
del pasado y está dirigido a
descarrilar su proyecto de
nación.
Dicho esto en descargo de
responsabilidad, paso a comentar
el multianalizado asunto del fin del
Seguro Popular y su “sustitución”
por el Instituto de Salud para el
Bienestar (Insabi). No hay mucho
que agregar a las decenas de
artículos, reportajes y entrevistas
a los especialistas. La posición
mayoritaria es la de que el Insabi
es producto de la improvisación y
que su lanzamiento simplemente
no cuenta con los requisitos
indispensables de un programa
mínimamente sólido: objetivos
claros, pilotaje, manuales,
reglas de operación y gestión,
catálogo de servicios, fases de
implementación, requerimientos
humanos, fuentes de
financiamiento, certidumbre en su
exigibilidad… Lo planteado por seis
exsecretarios de salud no es nada
insensato, conservador o, siquiera,
atrevido: mejor diagnóstico, plazos
de planeación e implementación
y diálogo. Me limito a recomendar
el recién publicado libro de Julio
Frenk, Proteger a México (Cal y
Arena y El Colegio Nacional, 2019)
que, dicho sea de paso, no es una
exaltación del Seguro Popular.
Señala sus yerros y los casos de
corrupción, apunta los vicios
del sistema de salud, analiza sus
orígenes y ofrece propuestas de
solución al “apartheid médico para
que los ciudadanos ejerzan sus
derechos por igual, con la libertad
de moverse en el sistema según
sus preferencias y necesidades”.
A esta discusión sólo puedo
agregar dos cosas. La primera es
que quienes idearon y ahora están
a cargo del Insabi no se molestaron
en tomar el parecer y enriquecerse
con las ideas de quienes idearon
y tuvieron a su cargo el Seguro
Popular. En cualquier lugar del
mundo y en México mismo, los
nuevos secretarios o directores
de agencias gubernamentales o
estatales suelen reunirse con sus
antecesores. Lo han hecho los
rectores, secretarios de Hacienda,
de Segob y directores del Banxico,
presidentes del IFE, etcétera. Hoy
esta sana práctica ha desaparecido
bajo la premisa de que todo lo
anterior apesta.
La segunda es que el Insabi
no es ni apunta a hacer realidad
la idea del derecho universal
a la salud. Se mantiene la
segmentación según la pertenencia
del trabajador al sector público
(ISSSTE), al sector privado (IMSS),
a ciertos sistemas como el Servicio
de Sanidad Militar y los Servicios
de Salud de Pemex o a los sectores
de la informalidad y el desempleo.
La segmentación sigue vigente.
No cabe duda de que el
gobierno actual tiene muy claros
sus objetivos. Más aún, tiene
el poder y legitimidad para
lograrlos. Desgraciadamente
para todos, comenzando por el
propio gobierno, no hay claridad
en los principios de acción
para alcanzarlos y éstos son
indispensable para el éxito.
El conocimiento especializado
no es condición suficiente para
resolver los problemas de una
sociedad, pero sí condición
necesaria.
Es cierto que el expertise
técnico se ha usado muchas veces
para encumbrar o mantener a una
élite que sólo busca preservar el
poder y servirse de él. El fracaso
de muchas de las políticas de
desarrollo está bien documentado
en libros, como el de W. Easterly
(2014) cuyo título explica el
contenido de su crítica: La tiranía
de los expertos: economistas,
dictadores y los derechos
olvidados de los pobres. Cuando
habla de los economistas se refiere
a su ignorancia sobre el contexto
en el que ponen en práctica
sus modelos. Cuando habla de
los dictadores se refiere al uso
que han hecho los organismos
internacionales dedicados al
desarrollo de autócratas locales
que les garantizan el control
político de la población para poner
en práctica sus experimentos.
Cuando habla de los derechos
olvidados de los pobres describe la
dolorosa realidad.
Es de celebrar que haya un
gobierno que quiera ponerlos en
el centro de sus políticas, pero
la solución no es prescindir del
conocimiento y sustituirlo con
ocurrencias. Desgraciadamente,
la improvisación y oídos se
han vuelto sello de la nueva
administración: Dos Bocas, Tren
Maya, Sta. Lucía, programas
sociales, Guardia Nacional…
