CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpuso un recurso de inconstitucionalidad para frenar el cobro del Alumbrado Público como un impuesto en la Ley de Ingresos de ocho municipios, así como en contra de cobros injustificados por acceso a la información en la expedición de copias certificadas, en 20 municipios.
Estos impuestos fueron aprobados por los Cabildos y posteriormente por el Congreso del Estado, quien finalmente autorizó a los Ayuntamientos ponerlos en marcha en sus Leyes de Ingresos del presente año.
Dentro de la acción de inconstitucionalidad se detalla que los ochos Ayuntamientos contra los que se está actuando, son Antiguo Morelos, Ciudad Madero, El Mante, Gómez Farías, Mainero, Matamoros, Miquihuana y Ocampo, quienes tienen autorizados hacerlo en sus leyes.
En el expediente 21/2020 con fecha 27 de enero 2020 e interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la CNDH solicita además frenar los cobros injustificados por acceso a la información, en particular por las “copias certificadas, búsqueda” que está en la Ley de Ingresos del Municipio de Abasolo para el presente ejercicio 2020.
Lo mismo se encuentra en la Ley de Ingresos 2020 de Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Casas, Ciudad Madero, Cruillas, El Mante, Gómez Farías, González, Güémez, Guerrero, Hidalgo.
Así como de Jaumave, Jiménez, Llera y Mainero.
Mientras que en el caso del Ayuntamiento de Camargo, se añade cobrar por la “búsqueda de documentos del Archivo Municipal”.
El documento está firmado por la Presidenta de la CNDH María del Rosario Piedra Ibarra y da entrada el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
