Más de dos meses duraron las negociaciones para que Tamaulipas firmara finalmente el convenio de coordinación, que no adhesión, con el INSABI.
Quedará el registro del desconcierto causado aquel 1 de enero cuando oficialmente se suponía, ya estaba funcionando el nuevo sistema de Salud federal, pero en realidad nadie sabía a ciencia cierta de qué iba el asunto.
Quién atendería a qué pacientes, cuáles enfermedades serían tratadas, cuánto se cobraría a los derechohabientes, y qué pasaría con quienes ya estaban recibiendo tratamientos del Seguro Popular.
Todo eso, mientras miles, millones de personas en todo el país, demandaban atención inmediata para casos que así lo exigían. Se supo entonces la magnitud de lo que estaba en juego, el sistema completo de Salud estaba en el aire.
El gobierno estatal fue uno de los primeros en advertir lo que ocurría. Firmar una adhesión al INSABI, significaba entregar el control de la infraestructura hospitalaria local sin tener la menor garantía de que eso redundaría en atención de calidad para la población.
Ayer, junto a otras tres entidades Tamaulipas firmó un convenio que garantiza colaboración entre los niveles estatal y federal para el tema de Salud, pero que deja muy claro que las clínicas del estado seguirán siendo operadas por el estado.
También se garantiza que no deberán faltar recursos federales para la Salud en el estado, y que se trabajará de manera coordinada para que no falten medicamentos ni insumos en las instalaciones hospitalarias.
La de Tamaulipas y otras entidades gobernadas por el PAN, claramente es una apuesta. Para los representantes tamaulipecos en las mesas de trabajo, la condición de mantener el control de los hospitales fue irrenunciable desde el día uno, mientras otros estados accedieron sin chistar al plan del gobierno federal. Como en tantas otras aventuras de la 4T, muy pronto el tiempo dirá quién tuvo la razón.