Opinión

Desgracia politizada

Las diferencias entre el Presidente y algunos gobernadores, empresarios y legisladores, por el manejo de los recursos públicos para evitar un colapso
económico y social a causa de la epidemia del Covid-19, ya están llegando a límites riesgosos para la estabilidad del país.
Por eso sin distingos de ninguna índole, la sociedad mexicana se halla en la frontera del hartazgo ante la falta de voluntad política para establecer un diálogo responsable que permita trabajar en un mismo frente.
Vivimos un escenario de confrontación cotidiana en el que ninguna de las partes cede, y, por el contrario, se dan a la tarea de ahondar sus diferencias generando tristes y deprimentes espectáculos que, al mismo tiempo, amenazan con salirse de cause y provocar anarquía en el manejo de la emergencia sanitaria.
La rebatinga y pelea de espacios de poder tiene lugar en todos los frentes, sin que haya un solo funcionario confiable que reoriente y revierta el estado de las cosas que ya se encuentran en un punto crítico y enredado en demasía.
A este clima enrarecido también contribuyen, de alguna manera, los medios de comunicación masiva –sobre todo la radio y televisión, cuyos imperios se localizan en las ciudades de México y Monterrey–, porque en su afán de ‘ganar la noticia’ del diario acontecer auspician, consciente o inconscientemente, el linchamiento hacia una de las partes en pugna favoreciendo a la otra, sin que les importe nada más que engrosar sus auditorios mediante el amarillismo y la estridencia.
De esta forma la parcialidad y objetividad sucumben ante la versión panfletaria cargada de morbo y sensacionalismo con que son exhibidos los problemas hacia millones de radioescuchas y televidentes, que, de manera puntual (y brutal), reciben una serie de mensajes manipulados, en las más de las veces.
Generar confianza y credibilidad entre los distintos segmentos poblacionales en torno a los asuntos públicos que debiera ser el propósito central de las autoridades y la prensa en su conjunto, se ha convertido en un simple concepto que adorna el discurso disociado con la realidad.
El ejemplo más claro de lo aquí plasmado, es que existe la percepción de que el sistema de Salud no informa puntualmente sobre los casos confirmados, sospechosos y decesos, porque así se lo han hecho creer algunos comunicadores, como los gobernadores de Baja California (Jaime Bonilla Valdez), Michoacán (Silvano Aureoles Conejo) y Jalisco (Enrique Alfaro Ramírez).
Esto, además, ocurre en situaciones de la vida cotidiana donde la sociedad tiende a vulnerar las reglas y leyes establecidas, mientras que los poderes y encargados de hacer que éstas se cumplan se encuentran enfrascados en una lucha sin cuartel que amenaza la política nacional, en tanto se privilegian posturas sectarias y partidistas.
Comento esto porque el coronavirus que se ha manifestado en todo el país, debe obligar a que se distienda el clima de confrontación entre el jefe del Ejecutivo federal, los mandatarios, empresarios y legisladores, y se alcancen los acuerdos necesarios antes de que la pandemia se les vaya de las manos y cobre más víctimas de las pronosticadas.

Política indignante
En el actual contexto, donde se agita la República Mexicana merced al enorme ruido que hacen los grupos de interés y el titular del Poder Ejecutivo Federal –quien no logra colocarse a la altura de las circunstancias, y, muy al contrario, exhibe su proclividad hacia la confrontación con todo aquel factor de poder que no comulgue con su ideología y visión de gobierno–, es cuando se afianza la necesidad de que la política sea dignificada.
De ahí que resulte propicio distender el ambiente y dar paso a los buenos oficios de personajes que antepongan el interés del país por encima de camarillas, que con su actitud dañan al tejido social.
Sólo así podría avanzarse en la prevención sanitaria y lograr que todas las tentaciones anarquistas, autoritarias y desestabilizadoras sean desactivadas en beneficio de los millones de mexicanos que aún creemos en la posibilidad de un país más justo y equitativo, donde se acabe con los grandes rezagos sociales y la amenaza de muertes por una mala práctica hospitalaria que, por desgracia, mucho daño le han hecho al país.
Hacen falta auténticos líderes y promotores de la paz y reconciliación nacional.
Entiéndase bien: funcionarios que liguen la palabra con la acción y den resultados; a la par que generen un clima de confianza y sana convivencia en un marco de pluralidad. Sólo así se podría avanzar en la lucha contra el Covid-19.
A casi dos meses de haberse registrado el primer caso de infección en México, las cifras se han multiplicado copiosamente, sin que el secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela atienda personalmente el problema.

Tendencia a minimizar
Las declaraciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, tratando de minimizar los hechos, podrían formar parte de un guion diseñado por el jefe del Ejecutivo Federal.
Eso lo entiendo perfectamente, pero de ninguna manera se puede convenir que en ello vaya implícita la tentación de querer negar una realidad que se palpa a diario, como es el número de muertos y contagiados; además de la falta de insumos como ventiladores y pruebas para detectar el virus; carencia de camas y falta de dinero para comprar lo necesario en las entidades no afiliadas al INSABI.
Bajo esta óptica tendríamos que aceptar que los decesos que se registran de manera frecuente en todo el país son naturales y no trastocan la vida de la gente al ocurrir de manera circunstancial.
Lamentablemente, López-Gatell no ha querido explicarle al pueblo el alcance que podría tener la pandemia, en caso de seguir desatendiendo las recomendaciones sanitarias.

Caso politizado
Insisto en que la ayuda a los gobiernos ajenos al INSABI no debe ser politizada, ya que a estas alturas es harto notorio el manoseo que se lleva a cabo de los recursos federales ante la pandemia.
Y sobran los tutores que codician medallas con el rollo de trabajar en auxilio de las víctimas.
Claro que la ayuda de esos ‘benefactores’ sólo existe en la palabra, pues en los hechos ninguno se ve en los nosocomios ni menos se conocen acciones de su parte que en lo concreto pudieran aminorar el infortunio.
Para darnos una idea más clara de la politización del asunto, baste citar cuando menos que:
a) Algunos funcionarios en actitud populachera –pero disfrazada de humanista–, anunciaron su disposición a sacrificarse, económicamente, donando su salario de un mes para auxiliar a las víctimas;
b) Los legisladores federales también se adjudican ya la tutela de la ayuda, al pedir que los recursos extraordinarios se apliquen de inmediato, cuando es público que ya están ejerciéndose en algunos estados; y que para Tamaulipas los ha gestionado el mandatario, aunque sin respuesta positiva;
c) La Secretaría de Salud federal para evadir su responsabilidad, culpa a los gobiernos estatales de ser los únicos culpables de que los hospitales no cuenten con el equipo ni médicos suficientes; y
d) Los partidos políticos buscan capitalizar la adversidad al enviar algunas despensas proporcionadas por la sociedad civil, no adquiridas con recursos propios, en franca actitud propagandística.
En concreto, son muchos los políticos que quieren colgarse medallas con la desgracia ajena.

E-m@il: jusam_gg@hotmail.com

Se hace camino al andar
El Gobierno de Tamaulipas presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional, de carácter urgente, solicitando que se dicten medidas cautelares para la protección de la salud de los tamaulipecos y migrantes que se encuentran en el estado, derivado de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.
Lo anterior, en razón de que la autoridad federal no ha ejercido su atribución de control sanitario con respecto a los migrantes, a pesar de que a través de diversos acuerdos de naturaleza bilateral con los Estados Unidos, ha asumido responsabilidades directas en materia de refugio, atención, cuidado y repatriación de personas.
Ante el reciente aumento de deportaciones por parte de EU y el riesgo sanitario que representan los albergues como foco de contagios del Covid-19 por el hacinamiento en los mismos, el Gobierno del Estado ha exigido en reiteradas ocasiones la intervención de la Federación para que adopten las medidas preventivas necesarias para evitar el contagio de los migrantes y de estos hacia la población tamaulipeca en las ciudades fronterizas.
En julio de 2019, el Gobierno de la República a través del Instituto Nacional de Migración (NM) y el Estado de Tamaulipas, celebraron un convenio mediante el cual la Federación se obligó a establecer albergues de migrantes fuera de la entidad, así como a dar la atención y cuidado adecuado a esta población vulnerable, incluyendo su repatriación en el caso de deportaciones desde la Unión Americana.
A pesar de reiteradas insistencias, dicho convenio no ha sido cumplido en sus términos, ni tampoco se han adoptado las medidas que exige el contexto epidémico mundial. Esto supone un riesgo directo e inminente tanto para los migrantes como para la población en general.
La controversia constitucional plantea que dicho convenio se ejecute a la brevedad, pero también que se ordene a la Federación a actuar de manera proporcional y razonable al riesgo que implican las precarias condiciones en las que se encuentran los migrantes en nuestro país.
El Estado de Tamaulipas solicitó también en la controversia, que proteja los esfuerzos del Gobierno local en materia sanitaria, con el propósito de evitar la propagación de la pandemia en la franja fronteriza, en el marco de las facultades concurrentes en materia de salubridad general que establece la Constitución y la ley general de la materia.