“Con su actuación toma la salida de emergencia que le dejó la ley de la GN si la nueva corporación bicéfala, militar y bajo orden civil, fallaba en contener al crimen, que tan sólo en marzo dejó los mayores niveles de violencia registrados hasta ahora”
Número cero
JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH
Militarización hasta 2024, ¿extraordinaria?
Con un anuncio hecho de “puntitas”, como cuando no se quiere despertar a nadie en casa, la Presidencia dejó en la opinión pública un acuerdo por el cual dispone de las Fuerzas Armadas para la seguridad pública. Una de las decisiones más trascendentes para la institucionalidad y la vida democrática se hizo sin otra justificación que la genérica de combatir a la delincuencia. Sin motivarla. Como si prefiriera dejar la narrativa en “modo subrepticio” para cerrar el espacio de la rendición de cuentas y a reeditar discusiones sobre el estado de excepción, aunque tampoco pareció sorprender a nadie. López Obrador abrió el “regalo” que le dejó el Congreso y los estados para la aprobación de la ley de la Guardia Nacional.
El decreto no explica bien las circunstancias que motivan volver permanente un recurso que excede el horizonte de una emergencia y, por tanto, deja de ser excepcional. La narrativa presidencial es renuente a abordar la formalización del rol de los militares en la escena pública el resto del gobierno, incluso evita el vocablo “militarización” para referir un proceso que empezó hace 14 años con el gobierno de Calderón y su declaración de “guerra al narco”. Tampoco extraña esta forma de apatía hacia realidades que no encajan en el discurso, porque implica reconocer a la GN como proyecto malogrado y el fracaso de la estrategia contra el crimen sintetizada en su popularizada frase de “abrazos, no balazos”. Que la contradicen. Con la idea de que sólo existe lo que se nombra, el acuerdo da la cobertura legal que los militares reclaman para su participación en seguridad interior hasta 2024, mucho más allá de una emergencia. ¿Es legal tratar una situación de excepción como permanente? Es cierto que recurrir al último recurso del Estado contra el crimen revela la incapacidad de instituciones civiles ante el desafío de los cárteles de la droga, que en medio de la crisis sanitaria encuentran espacio para ampliar sus bases sociales y avanzar en el control de territorios desoyendo el llamado presidencial de “bajarle” en la entrega de despensas. Pero, sobre todo, permite al Presidente operar la seguridad interior con palancas de un estado de excepción sin tener que declararlo ni requerir la aprobación del Legislativo.
Con su actuación toma la salida de emergencia que le dejó la ley de la GN si la nueva corporación bicéfala, militar y bajo orden civil, fallaba en contener al crimen, que tan sólo en marzo dejó los mayores niveles de violencia registrados hasta ahora. Su ruta dibuja la trayectoria de los próximos años respecto a las amenazas a la seguridad interior y la estabilidad social y política por el impacto de la crisis económica más profunda en el país en casi un siglo. En efecto, fueron los congresos federales y estatales los que brindaron la facultad de recurrir a las Fuerzas Armadas en un artículo transitorio como parte de la negociación para aprobar la ley de la GN, aunque introdujera disposiciones contrarias a la Constitución. ¿De veras pensaron que no llegaría a usar esa facultad? Su respuesta es el silencio.
El gobierno tuvo que salir a defender que la actuación de los militares sería acotada, fiscalizada y subordinada a la autoridad civil de la GN, aunque sin demasiada vehemencia. Hay más que dudas de que el Ejército se subordine al mando civil, acepte su fiscalización o de la claridad de la ley para regular su actuación, por ejemplo, en la detención de personas a que ahora está facultado o el uso de la fuerza en tareas para las que no está preparado, como señala la CNDH en recursos de inconstitucionalidad contra leyes reglamentarias de la ley de la GN admitidas por la SCJN. Ahora la Corte tiene la última palabra. La consolidación del rol de los militares en la seguridad interior, sin embargo, no está exenta de tensiones por los mensajes contradictorios de su política hacia el crimen organizado y la conjunción de la fuerza con sus propuestas de pacificación y la ley de amnistía. Los militares, desde hace años, demandaban cobertura legal para su actuación, a la vez que han hecho notar su molestia con las deferencias oficiales al cártel de Sinaloa o el revés del Ejército con el operativo fallido de la liberación del hijo del Chapo. Su nuevo rol tampoco los beneficia.
