)
Opinión
Estás en: Inicio > Opinión > País chiquito
Columnas: Columna huésped

País chiquito

/ 23 de mayo, 2020 / JORGE CAMARGO

“A menos que su información sea falsa, el gobierno de México ha decidido mentir a la comunidad mundial y, al igual que la posición de Estados Unidos, aportar a la degradación ambiental del planeta y desconocer sus acuerdos internacionales”

En diciembre pasado, en la reunión COP25 sobre Cambio Climático, realizada en Madrid, el gobierno de México anunció que, en el marco de la Ley General de Cambio Climático, se incorporarían nuevas acciones de mitigación y adaptación, como el lanzamiento del Sistema Nacional de Comercio de Emisiones, cuya fase piloto entraría en vigor en 2020, y que participarían los sectores estatal y privado, para reducir emisiones de gases de efecto invernadero.
En la página oficial sobre el cumplimiento de la agenda 2030 y los ODS, el gobierno dijo haber reportado a la ONU su compromiso de producir 37.7% de electricidad con energías limpias para 2024. Reconoce que, como país, sigue produciendo la mayor parte de su energía con la quema de combustibles fósiles, “que contribuyen al cambio climático, dañan la salud humana y contaminan los ecosistemas”.
A menos que su información sea falsa, el gobierno de México ha decidido mentir a la comunidad mundial y, al igual que la posición de Estados Unidos, aportar a la degradación ambiental del planeta y desconocer sus acuerdos internacionales.
El acuerdo del Cenace y remarcadamente de la Secretaría de Energía para frenar la generación privada de energía limpia va en la ruta de la ilegalidad: viola los acuerdos internacionales, las leyes nacionales, la Constitución y los Tratados Internacionales. Y para mayores elementos jurídicos debe notarse que reconoció ante la ONU que los combustibles fósiles “dañan la salud humana y contaminan los ecosistemas”.
El combustóleo que usará la CFE para producir electricidad negra produce esos efectos. Eso es un agravio al derecho humano a un medio ambiente sano.
Es tan notoria la violación constitucional, que el juez federal especializado en competencia económica, Rodrigo de la Peza, en un impecable razonamiento, concedió la suspensión del acuerdo del Cenace. Habrá que esperar, ciertamente, al estudio del fondo.
No sólo las empresas afectadas, sino cualquier persona, organización de la sociedad civil o comunidad que sienta violentado su derecho humano, puede solicitar la protección constitucional.
Cuando los periodistas inquirieron a las autoridades respecto del derecho de los empresarios a recurrir a los tribunales, recibieron como respuesta que “mejor deberían pedir disculpas”. Este nuevo agravio reitera que la intención de colocar a los empresarios como los adversarios del gobierno no tiene pronóstico de cesar. Lo que las autoridades no entienden es que no se puede construir prosperidad sin los empresarios. Cancelar proyectos y enviar señales que alejen las inversiones nos va a convertir en un país chiquito, donde sólo haya pobres y más pobres.
El desprecio hacia la clase empresarial se ha traducido en una serie de decisiones que afectan el bienestar de México y que lo pueden conducir a un estado de deterioro, del cual será muy difícil salir.
Este desprecio o rencor, para humanizarlo como sentimiento, se está convirtiendo en una política polarizante que alienta a cualquiera a realizar actos autoritarios.
Esta clase de autoridades en el mundo cree construir un nuevo orden, pero en realidad constituyen una ola destructora que se pierde en el olvido.
Sin duda, ha habido empresarios que se han beneficiado de los dineros públicos e incurrido en actos de corrupción. Nadie está sobre la ley y se deben tomar las decisiones necesarias.
También es cierto que en México la pobreza extrema se agudizó y que debe cerrarse la brecha con políticas públicas medibles.
La narrativa seguida es clara: primero se acusa al adversario de corrupto —sin comprobarlo—, luego se dice que ya no es como antes y se termina tomando una decisión administrativa que perjudica a determinado sector industrial o empresarial.
Pero también la narrativa se agota. La agenda discursiva no la marcan más las autoridades. Hay tres componentes terribles que la monopolizan: la pandemia de covid-19, el avance de la violencia del narcotráfico en el país y los feminicidios.
Diversos gobiernos estatales no acompañan la estrategia federal contra el covid-19 —que también se ha ideologizado— y la han rebasado tomando sus propios acuerdos y decisiones.
Lo mismo está sucediendo con el sector empresarial, que se ha quedado sin opción. O construyen sus acuerdos entre ellos o el sector productivo se va a la quiebra y, con éste, el país.
El rencor no es una política pública, pero sí hace que el país pierda. Pareciera que es preferible desmontar todo lo construido que aceptar la inclusión en un proyecto nacional.
Seremos un país chiquito de muchos pobres y más pobres. Espero que no.