CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La detención de la abogada Susana “P”, vinculada a proceso por los delitos de amenazas, motín, coacción de particulares y delitos cometidos contra servidores públicos, fue apegada a derecho, sin que se violentaran sus derechos humanos, afirmó el Fiscal de Tamaulipas.
Irving Barrios Mojica, explicó que la detención y traslado de la imputada a la ciudad de Victoria, se realizó para salvaguardar la integridad de jueces, ministerios públicos, policías y de la misma detenida, luego que tras darse a conocer su detención se realizaron manifestaciones bloqueos, causando daño, incluso a una patrulla.
Luego de casi 20 horas de audiencia inicial, a través de video conferencia, un juez en Matamoros, vinculó a proceso a Susana “P”, por lo delitos señalados, donde aparece como parte ofendida la sociedad y la Junta Especial número 6 de Conciliación y Arbitraje en Matamoros.
“El órgano judicial, calificó de legal la detención y determinó vincularla a proceso por los delitos mencionados, con un plazo de 45 días de investigación complementaria, otorgando prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso”.
La defensa de la imputada, no solicitó la ampliación del término constitucional para el ofrecimiento de pruebas de descargo.
Barrios Mojica, explicó que la denuncia se derivó de los hechos registrados el 10 de marzo, cuando alrededor de 400 personas, con el pretexto de ejercer su derecho de asociación y manifestación, perturbaron el orden público con el uso de violencia en la Junta Especial número 6 de Conciliación y Arbitraje en Matamoros.
“Tumultuariamente perturbaron el orden público con el empleo de la violencia y amenazas de causar daño a las instalaciones, así como a los empleados y personal que se encontraba en el inmueble con el fin de intimidar y ejercer funciones, sin la competencia y los requisitos legales”.
Los manifestantes querían que la Junta Local, conociera de manera inmediata, las solicitudes de cambio de sindicato, sin que este asunto fuera de su competencia.
Explicó que como resultado de las investigaciones en actas, testigos, entre ellos usuarios de la junta y los mismos empleados, así como dictámenes médicos y psicológicos, que acreditaron el empleo de la violencia física y cámaras de video vigilancia, se solicitó la orden de aprehensión.