Pido una disculpa a los lectores por regresar al tema. Como ninguna otra, esta administración sufre de ese fenómeno bautizado como la miopía de la negociación (Jane Mansbridge, Political Negotiation). Esa que impide ver, aun a quien tiene mucho poder y puede imponer su voluntad, que abrazar la negociación y el acuerdo representa una ventaja. La miopía se basa en el prejuicio de asumir que el pastel a repartir es de un tamaño fijo y que lo que tú ganas yo lo pierdo. También conocido como el sesgo autocomplaciente, este comportamiento pierde de vista que la negociación basada en juicios razonados puede arrojar mejores resultados en los indicadores de desempeño de un gobierno.
Un sistema en el que la fuerza mayoritaria y su líder se rehúsan a negociar con los que piensan diferente —adversarios o integrantes del gobierno— y que se resiste a escucharlos y tomar en cuenta sus puntos de vista e intereses no es un sistema democrático. Peor aún, tiende a ser un sistema ineficaz. La inclusión y la negociación son indispensables para terminar con la polarización. ¿Cómo hacer entender al Presidente que crear zonas de acuerdo es más productivo que zonas de conflicto?
De este sesgo sufrió el PRI en su época de hegemonía. La negociación fue imponiéndose cuando fue perdiendo fuerza el partido, pero gracias a la negociación —forzada por las circunstancias si se quiere— el PRI no se fue antes del poder. Comprendió que si quería prolongar su mandato y no provocar una mayor polarización y debilitamiento tenía que flexibilizar sus posiciones y negociar con otros actores. No es casualidad que, desde los años 70, cuando todavía era partido dominante, comenzaran a tomarse en cuenta otros intereses y posiciones y que, gracias a ello, México pudo tener una suerte de transición de terciopelo sin tropiezos serios de ingobernabilidad.
Ahora México ha vuelto a los tiempos en los que se demonizaba la negociación y se llamaban concertacesiones a los acuerdos. Esos que, al final, hicieron posible la pluralidad en el Congreso, primero, y a la alternancia después.
Por ahora, cualquier posibilidad de optar por un modelo de negociación está rota. Existe la convicción de que la imposición es signo de poder y la negativa a escuchar al otro es sinónimo fortaleza.
No lo es. Ya hemos hablado de la cantidad de sectores que, aun comulgando inicialmente con la alternativa lopezobradorista, hoy se encuentran decepcionados. También están aquellos que, sin haber sido entusiastas de la opción ofrecida por el ganador, jugaron institucionalmente y apostaron a colaborar con el gobierno ofreciendo lo que cada uno podía darle: inversión, asesoría, consejo, apoyo.
Insisto en el tema de la negativa a recibir cualquier cosa distinta a la lealtad ciega que ha sido santo y seña de la presente administración. Aquellos que no
la tienen son enemigos y portadores de intereses perversos.
Añado a mi artículo de la semana pasada más ejemplos porque se nos olvida el nivel de sordera que prevalece en este gobierno. Cuando la comunidad científica acudió al parlamento abierto para abogar por la supervisión de los fideicomisos en lugar de su desaparición, fueron relegados. Cuando las calificadoras advirtieron de los riesgos de cancelar el aeropuerto de Texcoco por el ambiente de incertidumbre que crearía, no hizo más que denostarlas.
Cuando los expertos de la ONU manifestaron su preocupación y advirtieron sobre el riesgo de la creciente militarización en México para realizar las tareas de seguridad pública y recomendó al Estado mexicano poner en marcha un programa para fortalecer las policías civiles, así como regular el uso de la fuerza de las corporaciones, los ignoró.
Cuando los gobernadores de oposición le pidieron al Presidente una reunión para discutir el presupuesto 2021 y un nuevo pacto fiscal, los rechazó, les recetó un recorte de 9%, avisó que los partidos opositores no le iban a meter mano al presupuesto 2021 y presumió que Arturo Herrera, a diferencia de Carstens, no negoció.
POR MARÍA AMPARO CASAR
