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Expreso-La Razón
Al menos seis ex alcaldes de Tamaulipas están bajo investigación de diferentes órganos de fiscalización, por presuntamente haber incurrido en delitos relacionados con desvíos millonarios de recursos.
Andrés Zorrilla de Madero, Magdalena Peraza de Tampico, Carlos Canturosas de Nuevo Laredo, Lety Salazar y Jesús de la Garza Díaz del Guante de Matamoros, y Juan Andrés Díaz Cruz, han sido señalados de inconsistencias financieras por más de mil millones de pesos en total.
Apenas hace dos semanas, el Congreso del Estado rechazó las cuentas públicas del 2018 de decenas de municipios, entre ellos los de Tampico, Madero y Matamoros, bajo las administraciones de Andrés Zorrilla, Magdalena Peraza, y Jesús de la Garza Díaz del Guante.
En su caso, los reportes de la Auditoría Superior del Estado señalan un gasto excesivo e injustificado en servicios personales, que contribuyeron a que no se cumpliera el gasto presupuestado para otros temas como obra pública.
A más de un año de haber presentado las primeras observaciones, éstas no han sido solventadas, por lo que de continuar en ese estatus, la Auditoría podría interponer informes de presunta responsabilidad administrativa ante el Tribunal Justicia Administrativa, denuncias de hechos ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, e incluso promover solicitud de juicio político ante el Congreso del Estado.
El destino de los ex alcaldes de Nuevo Laredo y Matamoros, Carlos Canturosas y Leticia Salazar, sigue siendo incierto, pues sus cuentas públicas del 2015 tampoco fueron aprobadas.
Sobre ambos, pesan las acusaciones más graves, pues las denuncias han sido formalizadas.
A Leticia Salazar se le acusa de desviar 170 millones de pesos del presupuesto de Matamoros, y a Carlos Canturosas de desviar más de 50 millones de pesos a través de un mecanismo de factureras.
A Carlos Canturosas Villarreal ex alcalde de Nuevo Laredo se le acusa, entre otros delitos de asociación delictuosa.
De acuerdo con la información reciente del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado, Raúl Ramírez Castañeda, Canturosas enfrenta tres ordenes de aprehensión, y también se le acusa de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o lavado de dinero y uso indebido de atribuciones y facultades.
Las investigaciones contra Canturosas fueron iniciadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por lo que podría ser detenido al presentarse al citatorio del 9 de septiembre.
Las empresas que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene identificadas como las utilizadas para extraer el recurso del erario son:
Consultoría Nokes S.A de C.V. ; Comercial Global Tipton S.A de C.V.; Maquinaria Domestica e Industrial, S.A de C.V; Autopartes y Equipos Industriales Prukxa S.A. de C.V; Productos Globales Muxha S.A. de C.V; Comercializadora Neurok S.A de C.V; Maquinaria Telcan S.A. de C.V Grúas y Maniobras Poppix S.A. de C.V; Logística y Transporte Labrie S.A de C.V y Productos Derivados Petrosava S.A. de C.V.
También la Auditoría Superior de la Federación ha puesto la lupa en las administraciones de algunos alcaldes.
Al dejar el cargo, el ex alcalde de Madero Andres Zorrilla dejó a su municipio como el tercero del país con más participaciones federales cuyo uso no ha sido comprobado: en total, 273 millones de pesos.
Las irregularidades son compartidas por los entonces ediles maderenses Esdras Romero Vega y Mario Neri Castilla en conjunto con el presidente municipal actual, quien es responsable ante la ASE y no ha solventado los faltantes.
Más de 424 millones 519 mil 49 pesos, provenientes de fondos federales y estatales, no fueron comprobados a pesar de que la administración.
El mismo Andrés Zorrilla fue señalado recientemente por la Auditoría Superior del Estado por gastos injustificados en servicios personales.
En sueldos y prestaciones erogó 22 millones de pesos por encima de lo autorizado por el Congreso, y otros 22 millones de pesos por arriba de lo aprobado para el gasto en materiales y suministros.
La inversión en obra pública, en cambio, ni siquiera alcanzó lo presupuestado: se erogaron 65 millones de pesos, 10 millones de pesos menos que lo aprobado en el Presupuesto.
Mismo caso de Magdalena Peraza, ex alcaldesa de Tampico en dos ocasiones.
En sueldos y prestaciones, según el documento de la Auditoría, gastaron 358 millones 016 mil pesos, 16 millones de pesos por encima de lo pactado, y además, no alcanzaron lo presupuestado en el gasto para inversión pública que era de 185.4 millones de pesos.
“La Auditoría Superior del Estado fiscalizó los egresos devengados, así como el manejo, custodia, aplicación de fondos y recursos y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas de la entidad fiscalizada, con lo cual se pudo establecer que la inversión física y financiera no cumplió con los objetivos y metas contenidos en los programas, satisfaciendo las necesidades correspondientes, bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía”.
Y Jesús de la Garza Díaz del Guante, ex alcalde de Matamoros, sucesor de Lety Salazar, incurrió en las mismas inconsistencias, quien además fue señalado por contratar obras fantasmas por 17 millones de pesos.
