ALTAMIRA.- Ejidatarios de Villa Cuauhtémoc Altamira señalaron que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sigue sin pagarles sus tierras, por lo que en marzo podrían tomar posesión de sus tierras y cercar el área que son 11.8 hectáreas.
En rueda de prensa, la comisariada ejidal Martha Maldonado Maldonado, Elisa Padilla Guerrero, Daniel González Matus, José Sierra, Patricio Peña y los abogados Gustavo Ortega Mendoza y Juan José Ortega señalaron que esperan tener un diálogo con las autoridades antes del 25 de febrero, fecha en la que vence el amparo que interpuso la SCT y que cumpla con la obligación de pago que tiene con el ejido, de lo contrario, tomarán sus tierras.
“Queremos tener un diálogo, un acercamiento con ellos y llegar a un acuerdo, pero si no quieren pagarnos el total de lo que vale la carretera tenemos el poder legal de acuerdo al artículo 191 de la Ley Agraria párrafo cuatro, de complementar la sentencia y desincorporar el espacio de carretera federal Tampico- Mante y regresarla al ejido Cuauhtémoc” dijo.
Al explicar lo sucedido el pasado 7 de diciembre de 2020, cuando bloquearon la carretera en el kilómetro 40 como una llamada a las autoridades federales para hacer valer su derecho patrimonial y agrario señalaron que la SCT sigue haciendo caso omiso a indemnizarlos por sus tierras.
“Están utilizando un bien inmueble que no es propiedad de la nación y no quieren realizar el pago, pese que hay una sentencia que lo exige”.
Explicaron que hay una nueva titular del centro SCT Tamaulipas Natalia Vega y aunque se ha intentado hablar con ella, no se ha logrado.
Los ejidatarios pidieron el apoyo del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para que intervenga y quiten la “véndetta” que la SCT tiene contra los ejidatarios.
Señalaron que son 116 ejidatarios legalmente reconocidos y afectados quienes están esperando su pago y en caso contrario tomarán sus tierras que son dos kilómetros de la carretera Tampico -Mante del kilómetro 48 al 50.
Indicaron que la SCT tendría que construir otro libramiento alterno que costaría de 400 a 700 millones de pesos.
Por Silvia Mejía Elías / La Razón
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— Expreso (@ExpresoPress) January 5, 2021