+ Por ley, el Gobernador debe ser enterado personalmente de la acusación
+ Claro que la solicitud de desafuero conlleva tintes electorales y se politiza
+Colegios particulares amenazan con mañana reiniciar clases presenciales
Desde hace tiempo, en este mismo espacio le advertí que el Presidente, al no estar convencido de tener asegurada la mayoría de la Cámara de Diputados –en el proceso electoral federal del 2021–, recurriría a golpes espectaculares a fin de nulificar a sus opositores, como parte de una estrategia ‘para impedir que le arrebaten el control del Palacio Legislativo de San Lázaro’.
Y ahora empieza a ejecutar esa maniobra –cuando los partidos Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el membrete del Sol Azteca (PRD) van coaligados en 219 distritos federales electorales de 300–, ‘acalambrando’ con el desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a través de una solicitud remitida a la Cámara baja por la Fiscalía General de la República (FGR).
Sin embargo, esta acusación presentada por la Unidad Especializada en (la) Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda –adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR)–, ante la LXIV Legislatura, es apenas eso: ‘solicitud’ de procedencia para iniciar el proceso.
Y tardarían hasta 60 días naturales para resolver su procedencia luego de que discuta la Sección Instructora (cameral) de Justicia si ha o no lugar.
Al respecto, dijo el gobernador en su cuenta Twitter: “morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello”.
Por otro lado, hay detractores del mandatario que por desconocimiento de la legalidad suponen que sería retirado inmediatamente del cargo para ser juzgado penalmente.
¡Qué absurdo!, pues constitucionalmente la Secretaría General deberá primero remitir el documento acusatorio a la Sección Instructora –integrada por Pablo Gómez Álvarez (presidente), Martha Patricia Ramírez Lucero Ivonne Liliana Álvarez García y Ana Ruth García Grande (losdos primeros de morena, la tercera del PRI y la última del PT– para su estudio y análisis; al dictaminar su procedencia, ésta debe enviarlo al pleno para ser votarlo; y deberá considerar los alegatos del inculpado.
El trámite se llevaría +/- entre seis y 12 meses.
Tiempo más que suficiente para ‘acalambrarlo’ en tiempos electorales. Y de paso, advertirle a la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) y a la Alianza Federalista en México: ‘vamos por ustedes’.
Claro, para que no metan mano en el proceso electoral federal, por el interés lópezobradorista de mantener el control legislativo.
En fin, la embestida que les advertí de parte del mentado ’Peje’ contra sus opositores (en tiempos electorales) se recrudece con la acusación de la FGR contra el mandatario tamaulipeco. Y otros más, seguramente, que irán apareciendo en el camino mientras se recorte el tiempo de acudir a las urnas (6 de junio).
El viernes que nos antecede fue ratificada la solicitud de desafuero; y dos días previos (el miércoles) Andrés Manuel López Obrador, en la ‘mañanera’, dijo que no se trata de una persecución y que la venganza no está incluida en su ser, pero auxiliado por Alejandro Gertz Manero (titular de la (FGR), refrendó su posicionamiento.
Ese mismo día el mandatario tamaulipeco llegó al Palacio Legislativo de San Lázaro para solicitar copia de la acusación en su contra, pero se la negaron, dizque por no tener aún la denuncia.
Más bien, aquí hay gato encerrado.
Qué es la Sección Instructora
Es la instancia integrada por cuatro diputados miembros de la Comisión Jurisdiccional, que tiene a su cargo practicar todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho de responsabilidad política y/o penal de algún servidor público incluido en el artículo 110 constitucional, estableciendo las características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya tenido el denunciado.
Corresponde a la Cámara de Diputados sustanciar el procedimiento relativo al juicio político, actuando como órgano instructor y de acusación, y es atribución de la Sección Instructora abrir un periodo de pruebas, recibirlas, allegar otras que considere convenientes, calificarlas y una vez terminada la instrucción poner el expediente a la vista del denunciante para que pueda formular alegatos.
Las conclusiones de la Sección Instructora terminarán proponiendo que se declare que hay o no lugar a proceder en contra del servidor público denunciado por la conducta o el hecho materia de la denuncia que dio origen al procedimiento.
El dictamen que contiene las conclusiones se entrega a los secretarios de la Cámara de Diputados para que el presidente convoque a sesión y se resuelva la imputación.
Reunida la Cámara se erige en órgano de acusación, previa declaración del presidente y, en ese momento, concluye sus funciones la Sección Instructora.
No obstante, hay quienes insisten en que la Cámara baja carece de atribuciones legales para determinar el desafuero de un gobernador, pues sólo compete al Congreso local.
Así lo sostienen Marco Antonio Bernal Gutiérrez y Carlos Flores Rico –ambis priistas–, mientras Germán Martínez Cázares (ex panista), desde el Senado de la República explica a detalle hasta dónde es responsabilidad de unos y otros.
En fin, este combate apenas inicia.
Correo: jusam_gg@hotmail.com
Caminante no hay camino
El secretario de Educación Pública de Tamaulipas, Mario Gómez Monroy, al secundar el regreso a clases presenciales sugerido por el presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (Alfredo Villar Jiménez) el lunes próximo –cuando la propagación del Covid-19 actualmente más alta surge en todo México–, es un yerro.
Hace un par de días la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal afirmó que no habría clases presenciales hasta que se garantizara la salud de maestros y alumnos, pero Gómez Monroy insiste que el lunes próximo se reanudarán las actividades presenciales.
En respuesta, el secretario general de la Sección XXX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), José Rogoberto Guevara Vázquez, aclara: “A raíz de la pandemia ocasionada por el Covid-19 y el riesgo que representa un contagio masivo, los maestros de Tamaulipas no regresarán a las aulas hasta en tanto se garantice la salud de los alumnos y los trabajadores de la educación. Por encima de todo prevalece la obligación de la autoridad de garantizar el derecho a la salud de las niñas, niños y jóvenes, además de los trabajadores de la educación y aun cuando el trabajo se realiza a distancia, la actividad educativa no se ha detenido en Tamaulipas.
“Si el maestro no está vacunado, no hay regreso a las escuelas, el maestro Alfonso Cepeda Salas, ha sido muy claro y firme en el sentido de que no se regresará a las aulas hasta en tanto sean vacunados los trabajadores de la educación, sobre todo por el contacto que se tiene con muchos alumnos”, destacó.
Mencionó que nunca será igual el rendimiento del maestro y alumno en lo que se refiere a la educación a distancia, pero también es cierto que la vocación de los maestros en la escuela pública ha quedado demostrada en todos los sentidos al trabajar, sin interrupción y a todas horas en la educación de sus alumnos cumpliendo con los protocolos marcados por la autoridad de salud del Estado y la Organización Mundial de la Salud.
Se dijo respetuoso en relación al regreso a clases anunciado por la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, a partir del primero de marzo, “Respeto mucho la posición de las personas y las organizaciones pero en el caso de los trabajadores de las escuelas públicas no regresaremos de manera presencial a las escuelas hasta que se esté vacunado como es el acuerdo con la autoridad sanitaria”, concluyó.
Se hace camino al andar
En un año, México ha registrado cifras alarmantes de decesos y contagios por coronavirus; y nadie puede anticipar la fecha exacta para ‘aplanar’ el ‘pico’ epidemiológico, llevándonos a suponer que actividades no esenciales habrían de continuar ‘paralizadas’, pues sólo dos estados lucen luz verde en el semáforo nacional.
A eso debemos agregarle que varios gobernadores no están dispuestos a levantar la emergencia por mandato centralista; y menos cuando la crisis sanitaria y económica golpea a las entidades por falta de apoyo federal.
Por cierto, en la víspera, el Comité Estatal de Seguridad en Salud tomó la decisión de que el semáforo de Tamaulipas marcara verde en cerca de 20 municipios del centro.
Esto significa que continuarán desarrollándose las actividades esenciales, mientras que las consideradas no esenciales tendrán una apertura gradual y responsable, regulada por las secretarías de Desarrollo Económico y de Salud.