CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Alonso Aguilar Zinser, abogado del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, explicó en diversas entrevistas, que la acusación central de la Fiscalía General de la República para el desafuero contra el mandatario, está sustentada en la operación de compra-venta de un inmueble en Santa Fe, adquirido en 2013 y posteriormente vendido en 2019, por 42 millones de pesos.
“En este asunto, no hay vinculación con el narcotráfico, ni con la delincuencia organizada, se habla de delincuencia organizada pero de las personas que participaron en esta operación, pero no de bandas organizadas, violentas, etc., este es un delito, finalmente, patrimonial”.
El penalista afirmó que nunca he llevado asuntos que entrañan la participación de delincuencia organizada, narcotráfico, huachicoleo, tráfico de personas, etc., “tengo un prestigio que cuidar y yo esos asuntos no los llevo”.
“La acusación específica concreta es que, en 2019 el gobernador recibió 42 millones de pesos en depósito que podrían ser de origen ilícito y que fueron dispersados entre empresas de su familia”, explicó.
Además, se le acusa de no pagar los impuestos correspondientes por la transacción.
Aguilar Zinser, titular del bufete Aguilar y Quevedo, señaló que se acreditará que los impuestos por la venta del departamento, adquirido en co-propiedad con su esposa, sí fueron pagados.
“Lo compraron a un precio menor en 2013, le hicieron inversiones al departamento, y está acreditado el origen y la justificación de la compra de ese departamento, vendido en 2019 por 42 millones y fracción de pesos”.
Detalló que la hipótesis de la Fiscalía es que el gobernador recibe en su cuenta personal, 42 millones de pesos en cuatro o cinco depósitos fraccionados, la Unidad de Inteligencia Financiera, rastrea el origen de esos 42 millones de pesos y aparece una inmobiliaria, -que no precisóque sería la que hizo los depósitos.
“La Fiscalía estima que no está debidamente acreditado que haya sido la compra-venta, el origen de esos depósitos y eso nos corresponde a nosotros, probarlo y acreditarlo plenamente y está una escritura pública, todo lo vamos a acreditar”.
Agregó que tanto el gobernador como su esposa pagaron sus impuestos y que el dinero que recibieron fue dentro de cuatro partidas que después se dispersaron en una compañía de la familia.
Apuntó que cuentan con siete días para contestar los hechos, pues aún no se dan argumentos jurídicos, por lo que procederán pruebas en el término que añade la sección instructora, contando con 30 días para desahogar las pruebas.
Referente a las otras acusaciones, que dijo, se basaban en recortes periodísticos presentados por Alejandro Rojas Díaz Durán y una denuncia anónima a través de un email, no procedieron para solicitar el desafuero.
Sobre el tema de la declaración de procedencia (desafuero), Alonso Aguilar explicó que en el caso de los gobernadores, deberá pasar por la legislatura de los estados, para que decidan.
“El Artículo 44 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado, establece que, si se recibe esa declaratoria de procedencia, tendrá que convocarse al Congreso para que manifieste si homologa la solicitud del Congreso Federal”.
De esta manera, explica que de aprobarse el desafuero en la Cámara de Diputados, el mandatario no podría ser removido del cargo.
POR PERLA RESÉNDEZ