ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La salida de la Fiscalía General de la República de instancias como el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres representa un retroceso en materia de derechos humanos en el país y afecta a las mujeres.
Así lo dio a conocer la diputada local Karla Mar Loredo quien explicó que se hicieron reformas en el Senado y el grupo parlamentario de Morena y sus aliados aprobaron en comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, el dictamen que expide modificaciones a la Ley de la Fiscalía General de la República
Ante ello, la FGR también queda fuera de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas y del Sistema Nacional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes.
“Es absurdo que la FGR se desligue de varias leyes de responsabilidad constitucional, como es caso de desvincularse de la Prevención Atención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, así como del Sistema Nacional de Búsqueda y otros mecanismos en materia de defensa a los derechos humanos y trata de personas” dijo.
Refirió que el Grupo Parlamentario del Acción Nacional, Karla Mar Loredo, lanzó una iniciativa de ley a fin de rechazar dicha comisión, ya que contraviene y vulnera sobre todo el derecho de las mujeres.
Indicó que esto se aprobó justo en el marco de la conmoración del día internacional de la mujer .
“Entendemos la necesidad de reformar y fortalecer a la Fiscalía General de la República y por ende nuestro Sistema de Procuración de Justicia, pero la salida de esta institución de los sistema de derechos humanos y la eliminación de la Unidad de Género, resulta una bofetada a las mujeres y las protestas contra la lentitud o la ausencia de avances en la erradicación de la violencia de género” citó .
Por ello exhorta a la Cámara de Senadores para que, en un ejercicio de reflexión y congruencia, tengan a bien, empatar las aspiraciones de una nueva Ley de la Fiscalía General de la República con la coordinación y presencia, que este organismo debiera tener en los diversos sistemas que existen para la protección de los derechos humanos.
POR Silvia Mejía Elías / La Razón
