CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.La iniciativa para reformar la Ley de Hidrocarburos, pone en riesgo inversiones millonarias que se han recibido en el estado, por lo que podría correr la misma suerte que la reforma a la Ley Eléctrica, y derivar en una ola de amparos.
Empresarios, especialistas y autoridades, advirtieron que por la forma en que está redactada la propuesta enviada a la Cámara de Diputados, la suspensión de permisos para empresas que participen en diferentes etapas del sector energético, podría entenderse como una amenaza de expropiación.
La iniciativa, propuesta por el Ejecutivo, busca incidir en varios aspectos de la Ley de Hidrocarburos, como el almacenamiento mínimo de petrolíferos establecidos por la Secretaría de Energía; y propone revocación de permisos en caso de reincidencia en el incumplimiento de diversas disposiciones aplicables en materia de hidrocarburos y petrolíferos.
Así como sancionar y desincentivar el contrabando de combustible; suspensión de permisos “por peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad estratégica o para la economía nacional”.
Además, la propuesta contraviene la tendencia mundial a una transición a las energías limpias y renovables, afirmó el Secretario de Desarrollo Económico de Tamaulipas.
“Creo que el Ejecutivo tiene que hacer una profunda reflexión de que está yendo a contracorriente de la tendencia mundial, que es una transición a las energías limpias y renovables”, comentó Carlos García González.
El funcionario señaló que de acuerdo con la Comisionada de Energía, muchas empresas de los sectores de energía, están haciendo su cabildeo en las diferentes instancias del orden federal.
“Yo espero que pronto pueda haber una diferente política pública en materia energética, por parte del Ejecutivo Federal, porque ya se ha equivocado muchas veces”, comentó. Los mayores afectados serían en este momento, las compañías privadas con una autorización existente para importar, comercializar, distribuir y vender gasolinas, diésel y otros combustibles.
“Nos afecta la incertidumbre jurídica, cuando no están expidiendo los permisos, aunque jurídicamente tengan derecho a que se les den los permisos”, señala el titular de Desarrollo Económico de Tamaulipas.
De acuerdo con el IMCO, “esta iniciativa se presenta en un momento en que los inversionistas nacionales y extranjeros cuestionan las decisiones de política energética de la actual administración en el marco de la recién aprobada reforma a la Ley de la Industria Eléctrica”, además de tener implicaciones negativas para la competitividad.
Sobre el tema, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca señaló, “son permisos que se habían dado a las empresas, para las grandes empresas y pusieran almacenamientos, para importar gasolina, venderla a los usuarios, bajar los costos para nosotros los usuarios”.
Los considerandos de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, se argumenta que existe una problemática aún pendiente de atender y está relacionada con los ilícitos que cometen los distribuidores de combustibles que despachan cantidades menores a las que los usuarios pagan, situación que representa un grave problema para la economía familiar.
Señala que, de acuerdo con una estimación realizada por la Cámara de Diputados, la cantidad de litros diarios no entregados a los consumidores por este concepto asciende a un millón 736 mil litros, lo que a un precio promedio de 19.32 pesos implicaría que las gasolineras que utilizan el software conocido como “rastrillo” o componente, obtienen ganancias que ascenderían a 33 millones 539 mil 520 pesos diarios.
ES INCONSTITUCIONAL: EXPERTOS
Algunas de estas modificaciones de la iniciativa del Ejecutivo de reforma a la Ley de Hidrocarburos se contrapondrían a la Constitución y serían motivo de amparos que podrían otorgarse, consideran expertos y organizaciones.
Iván Alemán, socio de A&S Abogados, explicó que hay ciertos problemas de inconstitucionalidad en los artículos cuarto y sexto transitorios que podrían implicar amparos y suspensiones.
El transitorio cuarto establece que la autoridad revocará permisos que, a la entrada en vigor de la reforma, incumplan con el requisito de almacenamiento determinado por Sener.
Esa modificación, consideró, se trataría de una aplicación retroactiva, debido a que abre la posibilidad de revocar permisos que no tienen un requisito que no existía al momento de otorgarlo.
Mientras, el sexto contempla la revocación si no se cumple con los requisitos, pero la redacción del artículo es ambigua y con un margen no definido para considerar qué permisos pueden retirarse.
Lo anterior implica generar inseguridad jurídica pues la revocación debe ser un procedimiento administrativo y basarse en los supuestos previstos con anterioridad en ley o en el permiso, explicó Alemán.
El planteamiento del artículo 57 podría considerarse una “expropiación” de las instalaciones permisionadas, pues la autoridad que haya expedido el permiso podrá suspenderlo y entregar la operación a Pemex para “garantizar los intereses de la nación”.
“Vamos a entender esa intervención como una expropiación directa, pues la Ley Federal de Expropiaciones contempla que es la intervención o afectación del patrimonio de los particulares cuando peligra el interés nacional.
Se sustenta una inconstitucionalidad porque no plantea la motivación ni argumentación, según los Artículos 14 y 16 de la Constitución, para poder ejercer.
POR PERLA RESÉNDEZ
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— Expreso (@ExpresoPress) January 5, 2021