TAMAULIPAS.- Del mar de dudas que dejaron los acontecimientos del viernes en la Cámara de Diputados y el Congreso del Estado, empieza a asomarse una certeza en la que coinciden la mayoría de los personajes involucrados: será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que en última instancia defina si el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca mantiene su fuero, o pierde la inmunidad procesal.
Y de esa posibilidad se desprenden dos posibles escenarios en el futuro cercano.
1) La Corte da entrada a la controversia constitucional presentada por el Congreso, y pone un plazo para que los ministros estudien el caso y se pronuncien al respecto, es decir, definan quién tiene la razón, si la Cámara de Diputados o los diputados tamaulipecos. En este caso, hasta que los magistrados presenten su posición y voten al respecto, podría considerarse una suspensión sobre todos los actos relacionados con el desafuero.
2) Los magistrados desechan el recurso legal por considerarlo improcedente; no pasaría a discusión alguna, y dependiendo de los términos en los que el magistrado a que le corresponda el caso fundamente su rechazo, podría darse por entendido que surte efecto la determinación de los diputados federales.
De los dos, éste sería el desenlace más corto, pero acaso el menos probable por la trascendencia que ha tomado el asunto Tamaulipas a nivel nacional. En el contexto que vive el país, sería ingenuo pasar por alto que la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también puede -y debe- analizarse a través de consideraciones políticas.
La intensa presión de la oposición sobre su presidente, el ministro Zaldívar, y el enfrentamiento de López Obrador con los jueces que han puesto freno a algunas de sus reformas más importantes, harían dudar a cualquiera: qué camino va a tomar el máximo tribunal ante este hecho inédito para el país, en el que no sólo está de por medio la gubernatura de un estado, sino un precedente histórico para el futuro.
Por lo pronto, ayer el Congreso de Tamaulipas recibió formalmente el acuerdo emitido por la Cámara de Diputados, por lo que a partir de ese momento empezarían a correr las 48 horas que tienen como plazo “para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”.
Así dice el artículo 111 constitucional, que tanto hemos leído en las últimas semanas, y que ha servido para ejemplificar cómo un mismo enunciado jurídico puede interpretarse de dos maneras tan distintas.
REGAÑAN A SUS DIPUTADOS
Una de las primeras tareas que tendría el nuevo dirigente estatal de Morena en Tamaulipas, el neolaredense Oscar Alarcón, sería poner orden entre los diez diputados locales que tiene el partido en el Congreso.
La dirigencia nacional tomó nota de las siete abstenciones de los legisladores de Morena y no gustaron nada en la cúpula del partido.
Es muy probable, sin embargo, que el tema no pase de alguna sanción interna, porque a decir verdad, tampoco es que alguno de ellos tenga mayor trascendencia al interior del partido, ni futuro político digno de tomarse en cuenta. Igual ocurrió en el PRI, donde ayer la dirigencia estatal salió a deslindarse del voto de sus diputados locales y Enrique Cárdenas hasta acusó a Tino Saenz de estar “maiceado”.
Lo mismo que en Movimiento Ciudadano donde a regañadientes, pero Gustavo Cárdenas también cuestionó la postura de Patricia Pimentel en el Congreso.
Se ha dicho ya muchas veces, pero cada día que pasa es más cierto: vivimos tiempos inéditos en Tamaulipas, y en los próximos días, cualquier cosa puede pasar.
CATALEJOS / MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES
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— Expreso (@ExpresoPress) January 5, 2021
