TAMAULIPAS.- “La gobernabilidad democrática requiere respetar la división de poderes… es necesario defender una prensa libre y una sociedad dinámica, así como apoyo al sector privado, que depende del Estado de derecho para fomentar un exitoso futuro…”, apuntó Blinken, el secretario de Estado estadunidense.
“El relator especial de la ONU, Diego García-Sayán… condenó los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados… La OEA se sumó al rechazo y pidió respetar el Estado de derecho.
Por su parte, Human Rights Watch acusó al presidente… de intentar concentrar todo el poder en sus manos”. Estas frases las leí en la sección internacional del periódico Reforma. No, no hablaban de México, sino del presidente Bukele, en Ecuador.
El parecido con lo que pasa en nuestro país es notable. En diversos informes internacionales pueden leerse las mismas alertas sobre México. La idea de utilizar las instituciones democráticas para llegar al poder y desde ahí desmantelarlas es un patrón preocupante.
La izquierda, los liberales y los entonces partidos de oposición pelearon durante más de dos décadas para tener congresos plurales.
Lo lograron, entre otras cosas, a través de la creación de autoridades electorales que no dependieran del Poder Ejecutivo. Lucharon por introducir la figura del ombudsman para que el ciudadano pudiera denunciar los abusos de autoridad en una institución ajena al control del Ejecutivo y que tuviera el poder de judicializar la afectación de los derechos fundamentales.
Consiguieron que el acceso a la información del quehacer público fuera un derecho y que un órgano autónomo lo tutelara: el Instituto de Acceso a la Información.
Para aislar de los vaivenes políticos a ciertas funciones indispensables para el funcionamiento de la economía, trabajaron por dar independencia y dejar en manos de expertos a instituciones especializadas que requerían de políticas de Estado más que de gobierno. Se comenzó con la autonomía constitucional del Banco de México y después de la Comisión Nacional de Competencia y del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Se hizo lo mismo con organismos que coadyuvaran a la toma de decisiones en las empresas productivas del Estado. Se instituyeron la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, con integrantes independientes.
Para combatir la corrupción se creó el Sistema Nacional Anticorrupción y se impuso la colaboración entre autoridades y ciudadanos.
Tiempo antes (1999), se creó la Auditoría Superior de la Federación, con la función de fi scalizar y auditar el uso de los fondos públicos de los tres poderes, los órganos constitucionales, los estados, municipios y alcaldías, las empresas productivas del Estado y otros entes públicos.
A JUICIO DE AMPARO / MARÍA AMPARO CASAR
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— Expreso (@ExpresoPress) January 5, 2021
