SUR.- Para asegurar el orden y garantizar el desarrollo de la jornada de consulta popular el próximo primero de agosto, los cuerpos de seguridad pública de la federación y los estados, prestarán su servicio al Instituto Nacional Electoral, de acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
A través de una reunión, la junta ejecutiva del Instituto Nacional Electoral encabezada por la Vocal Ejecutiva, Olga Alicia Castro Ramírez, estuvo en coordinación con instancias de seguridad estatal y federal, para acordar la logística de acompañamiento a los mecanismos de recolección de paquetes a la conclusión de la Jornada que operarán las nueve Juntas Distritales del INE en Tamaulipas, esto con la finalidad de asegurar su entrega en los plazos legales establecidos.
Esta ceremonia cívica se llevará a cabo el próximo domingo primero de agosto desde las 8:00 y hasta las 18:00 horas, en las 1,644 mesas receptoras que se instalarán en el estado de Tamaulipas.
Castro Ramírez, destacó la disposición de parte de las autoridades federales y estatales para que los y las ciudadanas tamaulipecas puedan ejercer su derecho a emitir su opinión en esta histórica Consulta Popular.
En este sentido, las autoridades comentaron abiertamente que su compromiso está en atender puntualmente y con toda diligencia los apoyos que le ha planteado la autoridad electoral nacional para realizar el despliegue necesario para garantizar la integridad de las personas funcionarias de las mesas receptoras y de todas aquellas que acudan a emitir su opinión sobre “las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”.
En dicha reunión estuvieron los titulares y representantes de la Guardia Nacional; Secretaría General de Gobierno; Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Tamaulipas; delegación estatal de la Secretaría de Gobernación, y de la Jefatura de Estación del Centro Nacional de Inteligencia. También, se unirán las Fiscalías de Justicia Federal y del Estado, los juzgados federales y del fuero común, el notariado, entre otras autoridades.
Por Javier Cortés/ La Razón.