TAMAULIPAS.- Porque varios agentes de la DEA nunca dejaron que se cerrara la investigación del asesinato de su compañero Enrique Camarena Salazar en febrero de 1985 a mano del cártel de Guadalajara y de la complicidad con altos funcionarios del gobierno mexicano, en México debería reabrirse el caso del asesinato del columnista Manuel Buendía ocurrido el 30 de mayo de 1984. Se trató de dos crímenes vinculados al crimen organizado del narcotráfico en sus primeras apariciones.
Buendía comenzó a investigar las denuncias de varios obispos del sur mexicano que revelaron la penetración de cárteles de narcotráfico en el campo de varios estados sureños, causando la ruptura de la estabilidad social y comprometiendo a campesinos mexicanos.
La línea de investigación de Buendía lo llevó al descubrimiento de complicidades de altos funcionarios con el narcotráfico, los mismos que estuvieron involucrados en el caso Camarena: Manuel Bartlett Díaz como secretario de Gobernación y José Antonio Zorrilla Pérez como director de la policía Federal de Seguridad.
Los cárteles entonces eran controlados por el padrino Miguel Ángel Félix Gallardo y aparecían protegidos por las policías política de gobernación y la judicial federal de la Procuraduría General de la República.
La Federal de Seguridad había sido fundada a instancias de la CIA como parte de la estrategia continental de la guerra fría contra los soviéticos. Y así operó hasta la desarticulación final del último vestigio de riesgo político del Estado que constituyeron los grupos guerrilleros armados en fase revolucionaria.
El ataque final contra estas organizaciones civiles radicales fue operado por la llamada Brigada Blanca, un organismo parapoliciaco armado y no militar que se dedicó a liquidar de manera legal e ilegal a las guerrillas.
En ese momento la Federal de Seguridad perdió su sentido de existencia y fue cuando apareció el narcotráfico como riesgo de seguridad interna.
Pero si la Federal de Seguridad había decidido entrarle al tema del narcotráfico para proteger el Estado, uno de los caminos más fáciles fue el de evitar que el tráfico de drogas permaneciera mucho tiempo en México durante el traslado de los estupefacientes para evitar un mercado interno y como decisión de gobierno se optó por destinar a esa policía a escoltar a los camiones de droga hasta la frontera mexicana.
El asesinato de Buendía ocurrió cuando trabajaba su investigación en la existencia de complicidades gubernamentales con los carteles marihuaneros.
No hay indicios claros de los nombres que tenía en su poder, pero hubo versiones de que involucraban a la Federal de Seguridad, a la judicial federal, a Investigaciones Políticas y Sociales y a mandos locales de partidas del Ejército en las zonas de siembra.
Zorrilla Pérez fue señalado desde el principio como el responsable del asesinato del columnista.
En 1985 fue desplazado de Federal de la Seguridad y enviado como candidato a diputado local por Hidalgo y luego borrado de la lista de aspirantes.
Las versiones oficiales señalaron que el funcionario había sido cesado por el caso Buendía; sin embargo, la salida de Zorrilla de la DFS se debió a una queja del embajador John Gavin y a un reportaje del The New York Times denunciando que Zorrilla había pactado con el KGB de soviético a través de acuerdos con el STASI de la Alemania comunista.
En 1989, el presidente Salinas de Gortari tomó la decisión política de arrestar a Zorrilla acusándolo del asesinato de Buendía. Zorrilla era jefe de la policía política del Estado, pero dependía de manera directa del secretario de Gobernación y del presidente Miguel de las Madrid.
INDICADOR POLÍTICO / CARLOS RAMÍREZ
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— Expreso (@ExpresoPress) January 5, 2021
