El Instituto Electoral y el Tribunal Federal Electoral fueron creados en 1990 por el gobierno de Salinas de Gortari para construir un mecanismo de control indirecto gubernamental de los procesos electorales. Los dos organismos fueron diseñados para funcionar bajo el control de la presidencia de la república en manos del PRI y del PAN.
La gran oportunidad que tienen el presidente López Obrador y Morena radica en la posibilidad de construir un régimen electoral sencillo, sin la intermediación de consejeros que no representan a la ciudadanía y que llegan a cargos por acuerdos con los partidos y evitando que la reforma mantenga al INE como el Ministerio de la Democracia.
La confusión original radicó en el hecho de que el enfoque político de Salinas de Gortari se agotó en el modelo de democracia procedimental shumpeteriana: elecciones sólo para relevo de autoridades gubernamentales, pero no tomó decisiones (Leonardo Morlino) para instaurar una democracia integral de calidad más allá del respeto al voto.
El modelo de consejeros electorales buscó sustituir a la Secretaría de Gobernación con una mesa de consejeros ciudadanos sin partido y elegidos en función de su representatividad política: simpatizantes de partidos, líderes de opinión, representantes empresariales, profesores universitarios.
La clave del régimen electoral salinista se localizó en la presencia dominante de un grupo intelectual que aportó vertientes opositoras, pero coincidentes con el proyecto neoliberal salinista: aún no se ha analizado el papel del Grupo Nexos en el régimen electoral salinista.
José Woldenberg –salido de Nexos y luego director de la revista Nexos después del IFE– ha consolidado un grupo dominante en el pensamiento electoral y desde 1996 mantiene el control caciquil de posiciones de consejeros. Lorenzo Córdova Vianello, actual consejero presidente del INE, comenzó su carrea profesional electoral como asesor de Woldenberg en el IFE.
Los consejeros electorales son electos a propuesta de los partidos en las dos cámaras y por tanto llegan con compromisos abiertos o secretos con esas organizaciones partidistas. Y si a ello se agrega que el Consejo General del Instituto está formado además por representantes directos de los partidos y por representantes legislativos de los partidos, resulta que la institución carece de autonomía real y de independencia social.
La estructura de Consejo General constituye un mecanismo de intermediación gubernamental y partidista en el proceso electoral.
El actual consejero presidente del Instituto consiguió su nombramiento después de una audiencia en Los Pinos con el presidente Enrique Peña Nieto. En este sentido los consejeros del Instituto mantienen apenas escasa autonomía relativa en materia electoral, pues su dependencia proviene de los compromisos con los partidos para sus nombramientos, En este sentido, la reforma política ideal tendría que desaparecer el modelo de Consejo General y crear un Instituto operativo que funcione a través de direcciones generales, quitando el mecanismo colegiado que tergiversa y pervierte el sentido de la equidad electoral, pues los consejeros votan a partir de sus compromisos.
El funcionamiento de direcciones generales reduciría la intromisión de los partidos en los procesos electorales.
POR CARLOS RAMÍREZ
@carlosramirezh
