Haiga sido como haiga sido, la coalición Juntos Hacemos Historia ganó la mayoría simple en el 2021 y pésele a quien le pese tiene el derecho de disciplinarse a las órdenes de su líder, de no escuchar argumentos, de no cambiarle ni una sola coma a las iniciativas y de aprobarlas.
El uso del derecho de la mayoría es mera aritmética, pero dice mucho de quien lo ejerce. Desde el inicio quedó claro que Morena lo emplearía a rajatabla. No negociaría con la oposición en el Congreso ni con los órganos autónomos ni con los grupos sociales organizados ni con los organismos de la sociedad civil. Ha habido alguna excepción a esta regla —la ley del outsourcing en la que se dio entrada a los empresarios—, pero el sello de la casa ha sido el de la imposición. Ni parlamento abierto ni experiencias internacionales ni consulta a especialistas ni incorporación de al menos una parte de la agenda de la oposición. Esto, a pesar de que ella, con 48% de los y las diputadas, representan a casi la otra mitad del pueblo. Hoy tenemos un gobierno que excluye por vocación. Casi nadie tiene acceso a Palacio Nacional desde donde fluyen las órdenes a los muy disciplinados legisladores.
Ahora bien, en democracia no sólo importa cómo se usa la aritmética parlamentaria, sino también, para qué se usa.
Y, ¿para qué se ha usado? Podría decirse que para el bienestar del pueblo porque se aprobó una reforma para establecer el derecho de toda persona a la salud integral
y gratuita, el apoyo económico a los discapacitados, la pensión universal a los adultos mayores y las becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares. Demos por bueno que estos nuevos derechos son exigibles (aunque no lo son) y preguntémonos para qué otra cosa se ha usado la mayoría.
La respuesta está a la vista. Para concentrar el poder, amasarlo y disminuir o eliminar los contrapesos. La mayoría parlamentaria se ha utilizado para capturar varios órganos autónomos e impedir su funcionamiento como contrapesos. Con nombramientos a modo de personas que ni siquiera cumplen los requisitos para ocupar el puesto (Rosario Ibarra en la CNDH), con reducciones presupuestales, con su eliminación del mapa (Consejo Consultivo Científico y Tecnológico), con su subordinación formal o real a las decisiones del titular del Ejecutivo (Fonden).
La tendencia promete seguir. El 1o de octubre se envió la iniciativa de reforma energética y propone desaparecer o integrar a la CFE los organismos independientes que tenían autonomía del titular y representación de expertos ajenos a la empresa (CRE, CNH y Cenace). Ayer se aprobó en lo general la miscelánea fiscal con todos los votos de la alianza morenista a favor.
Cero negociación y una nueva concentración de poder a través de la obligación a los mayores de 18 años a registrarse ante el SAT. Como nunca se ha podido hacer la cédula de identidad y el INE tiene el control de la única credencial válida, ahora el gobierno tendrá su propio registro.
También se aprobó el debilitamiento del principal contrapeso social eliminando o limitando la deducción de impuestos que se hace a las organizaciones de la sociedad.
POR MARÍA AMPARO CASAR
