CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que municipios de Tamaulipas violaron el Código Municipal y la Ley de Disciplina Financiera, en el manejo de las participaciones federales durante 2020.
En los informes de las auditorías de cumplimiento publicados por la ASF, reporta que municipios como Matamoros, Reynosa, Victoria y Altamira incurrieron en diversas “inobservancias de la normativa”.
En el caso de Matamoros, durante la administración del alcalde Mario López Hernández, se detectó un gasto en servicios personales superior. Originalmente se reportaron 434.7 millones de pesos con cargo a las participaciones federales, sin embargo el gobierno municipal proporcionó una nómina de 534.4 millones de pesos, es decir casi 100 millones de pesos en exceso.
Hasta que la ASF exigió al municipio la documentación para acreditar el gasto, la autoridad municipal presentó los documentos necesarios, con lo cual se dio por solventada la observación.
Pero el principal problema fue que el gobierno municipal no publicó en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2020 el Tabulador Catorcenal y Semanal de Sueldos y Salarios autorizado, lo que viola en incumplimiento de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas; y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Por esta causa, la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el municipio realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos.
También se encontraron fallas en el manejo de las participaciones federales para el gasto en adquisiciones, arrendamientos y servicios, pues en una primera revisión, la información de los contratos entregada por la autoridad presentó incongruencias, al reportar un gasto por 154 millones de pesos, cuando se había determinado el uso de 213 millones de pesos.
Tras el señalamiento, el municipio tuvo que entregar los documentos para justificar los 59 millones de pesos que había de diferencia.
La ASF también señaló que en el caso de las contrataciones de adquisiciones, rentas y servicios, el 95% se contrataron bajo la modalidad de adjudicación directa y el 5% mediante licitación pública.
Por estas razones, el dictamen final publicado por la Auditoría señala que en el ejercicio de los recursos, “el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”.
Estas observaciones derivaron en una promoción de responsabilidad administrativa en servicios personales y una recomendación en las adquisiciones, arrendamientos y servicios.
También advirtió que el municipio no cuenta con un “adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de las participaciones, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades en servicios personales y adquisiciones, determinadas en la auditoría”.
Conclusiones similares encontró la ASF en el caso de Reynosa, durante el último año de administración de la alcaldesa, Maki Ortiz. También en las pasadas administraciones de Victoria y Altamira.
“El municipio infringió la normativa, principalmente la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, y el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Contratación de Servicios del Municipio”, citó en el caso de Reynosa.
POR STAFF
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— Expreso (@ExpresoPress) January 5, 2021