Nunca como este jueves 25 de noviembre escuchamos tantas voces reconociendo el lastre de las violencias contra las mujeres.
Con pesar, la titular de Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), admitió que, en tres años, no se ha podido bajar la cifra oficial de 10 feminicidios al día. Algo no está funcionando.
Por eso, las destacadas activistas de Nosotras Tenemos Otros Datos le han solicitado al gobierno la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en todo el territorio nacional.
Con información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las feministas Patricia Olamendi, Yndira Sandoval, Leticia Burgos Ochoa y Marina Reyna Aguilar, entre otras, subrayan que, en comparación con 2016, las llamadas de emergencia al 911 relacionadas con incidentes de violencia con la mujer, aumentaron en 2020 en 180% y las vinculadas con acoso u hostigamiento sexual en 163 por ciento.
Y en medio del horror de golpes, empujones mortales, contusiones, madrizas, navajazos, atropellamientos, balas supuestamente perdidas, intentos de estrangulamiento y gritos de auxilio infructuosos, están los 4,536 feminicidios registrados entre 2015 y 2020.
En la carta entregada a Inmujeres, las feministas detallan: “Si a los 4,536 feminicidios perpetrados de 2015 a 2020, sumamos los 14,888 homicidios dolosos registrados en el mismo periodo, resulta que, en seis años, 19,424 mujeres que eran madres, hijas, hermanas y esposas fueron víctimas de muerte violenta”.
Y visibilizan: “Si a los 19,424 feminicidios y homicidios dolosos le sumamos los 19,339 homicidios culposos de mujeres, en 6 años se cometieron 38,763 delitos contra la vida de las mujeres y las niñas”.
Por eso hablan de 20 mujeres asesinadas diariamente. Y ante lo que consideran “omisiones y negligencias de las autoridades federales para articular una política nacional que contrarreste un fenómeno generalizado de violencia feminicida que azota todos los rincones del país”, reclaman al Estado mexicano establecer acciones preventivas, de seguridad y justicia, asignar recursos y hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres.
Tienen razón: algo no está funcionando y todos tenemos que saberlo y hablar del problema. Porque las estrategias gubernamentales existen: 32 mesas estatales de Construcción de Paz y Seguridad y 22 estados con alerta de género y medidas que involucran a la cuarta parte de los municipios del país.
La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, afirma que el feminicidio, lesiones dolosas, homicidios dolosos, violencia familiar y violaciones son los cinco delitos que se concentran en 16 municipios de atención prioritaria: Ensenada, Mexicali, Tijuana, Chihuahua, Ciudad Juárez, Iztapalapa, Celaya, Irapuato, Guadalajara, Zapopan, Ecatepec, Puebla, Benito Juárez, San Luis Potosí, Culiacán y Centro, en Tabasco.
Más allá de las cifras, los casos reportados por la titular de la Conavim son aterradores: en lo que va de 2021 atendió a cerca de 600 sobrevivientes de violencia, más de la mitad por violencia sexual y física; 34 feminicidios, algunos de niñas de uno y dos años de edad por agresión sexual, a manos del padre biológico y de un tío.
“Nueve de cada 10 violaciones a las niñas ocurren al interior de los hogares y su entorno más cercano, y no se denuncia por miedo, por desconfianza a la autoridad o por pena”, relata la comisionada Alanís Sámano. Pero como lo propuso este jueves, en la Cámara de Diputados, Olimpia Coral Melo: “Dejemos de temerles, dejemos de sentir culpa por nuestros cuerpos.
Dejemos de escondernos. Que se escondan ellos, los agresores, que sientan vergüenza ellos, los violadores. Que se callen los privilegiados, los abusadores y los políticos y las instituciones que encubren a agresores. ¡Que se jodan ellos, porque nosotras ya lo entendimos todo!”.
En sintonía con ese llamado, la presidenta de Inmujeres, Nadine Gasman, compartió en la misma tribuna legislativa una poderosa reflexión, obligada para gobernantes y funcionarios: “Debemos desmontar los relatos de violencia que visualizan a las mujeres sólo en su condición de víctimas, negándoles la capacidad de defensa y negándoles el protagonismo que desarrollan cuando adquieren presencia pública y despliegan capacidades de liderazgo”.
Al final de esa sesión del 25 de noviembre, la diputada María del Rosario Reyes Silva (Morena) recriminó la tolerancia de la venta de niñas y sus forzados matrimonios.
“Los usos y costumbres de las comunidades indígenas de La Montaña, en Guerrero, son un permiso para seguir violentando a las mujeres”, acusó. Sí, algo no está funcionando. Pero en medio de los diversos esfuerzos, emerge la convocatoria de Nosotras Tenemos Otros Datos, de Olimpia Coral, de la comisionada Alanís, de Nadine Gasman y de la diputada Reyes Silva: basta de silencio, de víctimas calladas y de gobiernos sordos. Hablemos de los violadores, de los pederastas, de los feminicidas… Y de sus encubridores.
