Discriminación, acoso sexual y desigualdad económica son las tres violencias más marcadas que sufren las mujeres en el terreno laboral, para afrontarlas la Organización Internacional del Trabajo presentó en junio de este año, el primer tratado internacional sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. México aún no lo firma.
Este convenio ha sido ratificado por 9 países: Italia, Grecia, Ecuador, Fiyi, Kenia, Namibia, Somalia, Namibia y Uruguay, naciones que se comprometen jurídicamente a cumplir con la norma que reconoce el derecho de toda persona a un trabajo libre de violencia y acoso.
El Convenio 190, que pide a los Estados Miembros de la OIT erradicar todas las formas de violencia en el espacio laboral, es una guía para que empleados, empleadores y las organizaciones construyan una vida laboral digna, segura y saludable para todo el sector. Y define los tipos de violencia que en estos entornos causan daño físico, psicológico, sexual o económico, en particular contra las mujeres.
Desde antes de la pandemia ya se valoraba la urgencia de ceñirse a estos acuerdos, con el brote de Coronavirus la cuestión empeoro, como lo demuestran algunas cifras de encuestas realizadas por INEGI, donde 26.2 por ciento de las entrevistadas declararon haber sufrido algún tipo de violencia laboral a lo largo de su vida.
También revelan que los compañeros de trabajo y el patrón son los agresores principales, con 79 por ciento, y que las agresiones las han sufrido en sus propias oficinas.
Ante estos escenarios, colectivas feministas que están dedicadas a luchar por los derechos de las trabajadoras y espacios dignos para ellas, realizarán esta semana una serie de foros virtuales y manifestaciones digitales para presionar al Estado a fin de que México ratifique el convenio y sume a las naciones que están ya construyendo mejores relaciones laborales para las mujeres.
Recientemente, Luis María Alcalde, secretaria del trabajo anunció un incremento del 22 por ciento al salario mínimo para 2022, lo que beneficiará a 6.3 millones de trabajadores del país, que es el 30 por ciento de los registrados ante el IMSS, sin embargo, las mujeres serán las menos beneficiadas dado que su labor está más en el sector productivo informal, tanto en labores de servicio que no se reportan al IMSS, como en los hogares, donde aún no aterriza bien el programa de afiliación para las trabajadoras del hogar, sigue siendo una prueba piloto, que en su segunda fase apenas a 27 mil personas inscritas de 2.4 millones de trabajadores, de los cuales el 70 por ciento son mujeres y el 30 por ciento hombres.
Luisa María, es la más joven del gabinete federal paritario, sin embargo, está claro que no comulga con el movimiento feminista, en estos días de activismo por la eliminación de las violencias hacia mujeres y niñas, la dependencia a su cargo no ha promovido ningún evento relacionado a la lucha por los derechos de las mujeres. Así que lo previsible es que el gobierno de México, de nuevo haga oídos sordos ante la demanda colectiva que pide el convenio 190.
Con un gobierno misógino y una sociedad machista, es muy difícil avanzar hacia la igualdad de género y la eliminación de las violencias hacia las mujeres, pero las feministas no claudican.
POR GUADALUPE ESCOBEDO CONDE
