TAMAULIPAS.- Las mesas de Seguridad y Justicia en Tamaulipas, dirigieron un escrito al Congreso de Tamaulipas para que reconsidere la cancelación del cobro por el reemplacado de vehículos motrices en el estado.
En carta exhortan también al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a mantener el proceso de cobro que ha permitido avanzar en los índices de seguridad en Tamaulipas. Yolanda Barrera Gonzáles, coordinadora estatal de las mesas de seguridad, señala que con mayor seguridad se generan las condiciones para un mayor desarrollo económico y bienestar familiar.
En la misiva firmada también por los coordinadores municipales de las mesas de seguridad y justicia de Matamoros, Tampico, Madero, Altamira, Reynosa, Mante, Nuevo Laredo y Victoria, se señala que los impuestos que se recaudan sirven para reducir los índices delictivos en el estado.
Tan sólo en 2015 el Estado ocupaba la posición número tres en el país en el delito de robo de vehículos, lo que además contribuía a generar otros ilícitos en el estado. Ante los resultados es necesario, “no debilitar las acciones que se han establecido para mejorar la seguridad del Estado, es por eso que el reemplacamiento no debe verse como un tema recaudatorio, sino como un tema se seguridad pública”.
Pese a que consideran que es innegable que la pandemia ha provocado problemas económicos entre la sociedad tamaulipeca como señaló el Congreso, “no podemos dar un paso atrás y debilitar las acciones para mejorar la seguridad2.
“Estamos seguros que mantener actualizados los registros vehiculares y de placas en el Sistema Nacional y Estatal, contribuyen a la seguridad de todos, pues en el caso de algún ilícito, se puede detectar a través de los sistemas de videovigilancia del CV5 y C4s 1ue operan en el Estado”, afirman.
Requieren al mandatario a realizar las acciones que considere pertinentes para continuar con el proceso de paz en Tamaulipas, “pues conocemos los resultados que se derivan de este tipo de acciones”.
Advierten que el reemplacamiento es una acción que llevan a cabo todas las entidades federativas, como estrategia para asegurar que se mantengan actualizadas las bases de datos de quienes tienen una unidad motriz.
POR NORA HERNÁNDEZ HERRERA
EXPRESO-LA RAZON
