Este tres de julio se conmemoró el primer año, apenas, que nuestro país firmó el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo que, data de hace once años, y que se refiere a la seguridad laboral y protección de los derechos humanos de las y los trabajadores del hogar, el sector productivo más feminizado de todos; en México de las empleadas en este sector el 98 por ciento trabaja en la informalidad, esto es que no acceden a las retribuciones establecidos en la Ley Federal del Trabajo.
Los fríos datos que muestran apenas un tantito de las desigualdades sociales de México, indican que 9 de cada 10 trabajadoras no tienen seguro social, 30 por ciento son hijas de madres que hacían lo mismo, 4 de cada 10 tiene una familiar que se dedica a lo mismo, 8 de cada 10 son madres, y de éstas 8 de cada 10 no tienen estancias o apoyos para el cuidado de sus hijos.
El decreto, plasma en el papel que es obligatoriedad del estado establecer mecanismos para el respeto y protección de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras del hogar, que casi en su totalidad son mujeres, para que tengan un trabajo digno. Sin embargo, este tratado aún no ha sido socializado, se desconoce y por tanto no se cumple.
Son las mujeres activistas que, haciendo una vez más el trabajo de la autoridad, lo promueven en el entorno social, pero falta mucho para crear conciencia. Y es precisamente, a partir de la lucha feminista, por una vida digna, que México acepto el convenio, después de una década de espera.
¿Pero qué ha cambiado en un año? Nada, ni si quiera un recuerdo de la autoridad ante el compromiso signado, tampoco nada en el ánimo colectivo, no se ve por ningún lado la idea de cambiar las cosas para ellas.
Al contrario, tras la pandemia por Covid 19, fueron las primeras en perder su fuente de empleo, a diferencia de los sectores que fomentaron el “home office” o teletrabajo, aquí se les envió a casa sin ninguna garantía de sueldo o seguridad social, con la incertidumbre de haber perdido su lugar para siempre.
La precariedad laboral para quienes “ayudan” en casa sigue, antes, durante y después de la pandemia, antes del 2019 más de la mitad de las trabajadoras ya se encontraban en pobreza, al 2021 aumento a 7 de cada 10 en situación de pobreza.
Actualmente, según las cuentas de INEGI, 2.3 millones de personas en México realizan trabajo doméstico remunerado, de ellas, 88 por ciento son mujeres, que además de ejecutar labores de limpieza realizan quehaceres complementarios, como hacer de comer, cuidar enfermos, ancianos y niños, hacer las compras, o llevar y traer infantes a las escuelas, cuidan el jardín y vigilan la casa.
Ellas, trabajan en promedio, 30 horas a la semana y perciben un ingreso de apenas 38 pesos por hora trabajada; la edad promedio es de 44 años, y su escolaridad es de apenas el segundo grado de primaria. Lo más dramático es casi el cien por ciento, prestan sus servicios sin contrato alguno, por tanto, no tienen acceso a servicios de salud, aguinaldo, vacaciones, prestaciones o apoyos a vivienda.
En México, para disfrazar la desigualdad en muchos hogares se les engaña que son como de la familia, o se refieren a ellas como “la señora que me ayuda” o hasta “la señora de la casa”, pero es una relación laboral que discrimina y se aprovecha de su mano de obra.
“Mi trabajo es tener tú casa limpia, tú trabajo como empleador, es darme mis derechos laborales” señalan las cartulinas que ellas levantan, cuando levantan la voz por las injusticias que padecen.
Por Por Guadalupe Escobedo Conde