Desde 1980, un 17 de julio, México signo un pacto internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, avalado por el Senado, este acuerdo diplomático, implicó muchos cambios legislativos, los más recientes son de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley General de Víctimas.
Desde hace más de cuatro décadas, específicamente el 3 de septiembre de 1981 entra en vigor esta “carta fundamental de los derechos de las mujeres” en México.
El CEDAW, por sus siglas en inglés, es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, formado por expertos de todo el mundo, para evaluar la aplicación de la Convención internacional, en los países que tienen este tratado. Cada año se reúnen, revisan y dan informes respecto a los avances o retrocesos en esta materia; en la última revisión México recibió más de 200 observaciones.
El Comité difundió en un comunicado los avances que en materia legislativa se han emprendido en nuestro país para la no discriminación hacia las mujeres y la igualdad de oportunidades para niñas y mujeres en el país, pero a la vez mostró “su preocupación en torno a varios aspectos de su vida especialmente en un contexto con altos niveles de violencia y formuló recomendaciones específicas para garantizar sus derechos.
Desde antes de la pandemia, se recomendó la armonización de las leyes, en los niveles federal, estatal y municipal, esto acorde a los estándares internacionales, además detectaron la necesidad de acciones para procurar el acceso de las mujeres al mercado laboral, con seguridad social; se urgió además a atender las políticas de prevención desde el sector educativo, buscando eliminar los estereotipos sexistas y se especificó la urgencia de “garantizar los derechos de poblaciones en mayor riesgo de vulneración, como la población LBTI, las mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales, defensoras de los derechos humanos y las periodistas”.
En esa ocasión, también se citaron recomendaciones para atender a mujeres migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. Y se citó enfáticamente que en materia de violencia contras las mujeres y las niñas se recomendaba:
“Adoptar medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones forzadas de mujeres, incluso abordando las causas profundas de dicha violencia”.
Las recomendaciones internacionales se constituyeron como un marco normativo, una hoja de ruta para “avanzar hacia la igualdad sustantiva y la no discriminación hacia las mujeres y las niñas de México”.
En este 2022, se volvió a ratificar el compromiso y de nuevo se conmemoró la adhesión de México a ese pacto; seguramente vendrán más evaluaciones y con estas, más recomendaciones; y en teoría, y en las leyes sí se está avanzando, y es a fuerza de la insistencia del movimiento feminista que se han logrado colar varios reglamentos para procurar una vida digna en igualddad, ya nada más falta superar la impunidad, hacer valer lo que está escrito y que se respete la carta de los derechos humanos de todas las mujeres.
Por Guadalupe Escobedo Conde
