México es un régimen democrático en el que todas las autoridades, sean del orden federal, estatal o municipal, tienen la obligación irrenunciable de conocer el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, observarlo en todo momento y acto y hacerlo cumplir. No acatar ese juramento trae consigo consecuencias que van desde la renuncia hasta el fincamiento del delito de traición a la Patria.
El texto constitucional no solo brinda seguridad jurídica al Pueblo, sino también los medios para detener, corregir y castigar cualquier abuso de autoridad del que sea objeto, al tiempo que garantiza que las y los gobernantes solo harán lo que la Constitución y las leyes les permitan, sin incurrir en excesos ni abusos de poder.
Evidentemente, no es un privilegio ni una concesión, sino un marco constitucional que es resultado de décadas de lucha popular y de sufrir opresión y abusos; lucha que desembocó en la primera revolución social del siglo XX en el mundo, dotando a México del actual texto constitucional que nos ha brindado, como nunca, más de cien años de paz, desarrollo, institucionalidad y crecimiento.
Ésa es la principal virtud que trae consigo acatar la Constitución. Y es justamente lo que está en riesgo con la actuación del actual gobierno federal.
Que si la reelección presidencial, que si la Guardia Nacional es adscrita a la SEDENA, que si la desaparición del Instituto Nacional Electoral e intromisión en el funcionamiento de órganos autónomos y del Poder Legislativo Federal, que si la cancelación de la competencia en el mercado eléctrico, que si la ampliación del periodo de ministros y consejeros de la Judicatura y violación de la autonomía judicial, que si la limitación del juicio de amparo y que si utilizan recursos públicos y el peso del Estado para perseguir a opositores políticos. Se trata de algunos de los actos con que este gobierno ha transgredido el orden constitucional en nuestro país.
Las y los mexicanos ya hemos padecido las consecuencias de tener gobernantes absolutistas, que se creen iluminados y con la fuerza moral para desconocer las leyes y abusar del poder. En la lista figuran Agustín de Iturbide, Antonio López de Santa Anna, Porfirio Díaz y Victoriano Huerta. Todos ellos han pasado a la historia como dictadores.
Por ello, la inmejorable hoja de ruta para cada una y cada uno de nosotros es cumplir la Constitución y hacerla cumplir. No hay excepciones ni flexibilidad que valgan. ¡Que les quede claro!
*Presidente Nacional del PRI.
Por Alejandro Moreno*
