MÉXICO.- El Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa presentado el jueves, detalló la manera en la que se construyó la llamada Verdad Histórica, difundida por la entonces Procuraduría General de la República.
El subsecretario Alejandro Encinas reveló los nombres de los funcionarios que organizaron la creación de esta versión sobre la manera en la que supuestamente se realizó la desaparición de los 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014.
La llamada “Verdad Histórica” surgió por medio de una llamada telefónica el día 25 octubre, de una mujer propietaria de una tienda de abarrotes, quien presuntamente dio datos para la localización de “el Chereje” y “el Pato”, la investigación es complementada con los interrogatorios que les realizaron a los implicados por medio de la tortura, y de dos diligencias ministeriales firmadas por el Ministerio Público, dependencia a cargo de Blanca Alicia Bernal.
De acuerdo con el informe entre los funcionarios que orquestaron la “Verdad Histórica” se encuentran:
Jesús Murillo Karam, el entonces procurador General de la República
Rodrigo Archundia, subprocurador de la SEIDO
Hugo Ruiz, encargado del despacho de la SEIDO
Gualberto Ramírez, titular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos en contra del Secuestro
Tomás Zerón, director de la AIC (ha brindado información de autoridades de un nivel más alto).
El término que fue adoptado en la versión que presento Murillo Karam, la cual dice que los 43 estudiantes de normal rural fueron incinerados en el basurero de Cocula, misma que fue adaptada en una de las sesiones que tenía el Gabinete y que se realizaban en la oficina de la presidencia.
En la verdad histórica se encontraron contradicciones, rupturas argumentativas y vacíos narrativos por ello se acreditó que en la investigación hubo un abuso de poder, y por ende se entorpecieron los procesos de búsqueda y los procesos; lo que generó una obstaculización el derecho a la verdad, según el informe.
Posteriormente la investigación habría sido encargada a funcionarios como:
Antonio Ortega Siu, almirante de la Secretaría de Marina
Eduardo Redondeo Arámburo, Titular de la Unidad de la Inteligencia Naval
José Miguel Espinoza Pérez, miembro del CISEN
Omar García Harfuch, comisario de la Policía Federal
Manelich Castilla, comisionado Nacional de Seguridad
Alejandro Saavedra, comandante de la Zona Militar en Chilpancingo
Carlos Gómez Arrieta, policía Federal Ministerial
Según la investigación que se realizó, al menos había cuatro elementos graves respecto a la violación de los derechos humanos en materia de desparición forzada y eran: “privación de la libertad; homicidio, participación e involucramiento de agentes estatales o grupos de personas que actuán con el apoyo del Estado y la negativa, ocultamiento y manipulación en la información por parte de las autoridades gubernamentales”.
Aunado a esto, el informe detalla que la verdad histórica fue creada por medio de las declaraciones obtenidas de los presuntos responsables, quienes les dieron sus declaraciones ya que fueron torturados, en ella los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa fueron re victimizados y estigmatizados.
También estuvieron trabajando en los hechos:
Sara Mónica Medina, de servicios periciales de la PRG
Eduardo Sánchez, del CENAPI
Vidal Diazleal Ochoa, del gobierno de Guerrero
Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero
Iñaki Blanco, procurador del estado
Leonardo Vázquez Pérez, secretario de Seguridad Pública
Ernesto Aguirre Guitiérrez, coordinador de Proyectos Estratégicos
El MPF fue el encargado de la conducción de las policías que estaban trabajando en la investigación de la desaparición de los estudiantes, la institución dio las instrucciones que tenían que seguir para la averiguación del delito.
Mientras que las detenciones estuvieron a cargo de los Policías Federales Ministeriales, Policías Federales, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estos elementos presuntamente permitieron o participaron en la tortura de los implicados.
La “Verdad Histórica” la orquestaron para que se cerrara la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por ello la revistieron con acciones constitucionales y estrategias de comunicación y esperaban de esta forma dar una resolución sobre el caso. La investigación de la subsecretaría de Gobernación señala que pretendían sentenciar a los supuestos responsables por los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado, y así evitarían tratar este caso como desaparición forzada.
Por Agencias
