Tamaulipas empieza a quedarse solo en su anacrónico aferramiento a un Código Civil discriminatorio que prohibe los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Ayer otra entidad dio el paso.
El Estado de México se convirtió en la número 29 del país en reformar sus leyes para que ninguna persona tenga que recurrir al sistema judicial para conseguir lo que la Constitución le ofrece como derecho: casarse con quien le dé gana.
En el medievo ideológico ya solo quedan Tabasco, Guerrero… y Tamaulipas.
Esta tendencia legislativa que recorre a la República Mexicana desde hace algunos años -la mayoría de las reformas se han conseguido apenas en el último lustro- sí ha tenido algunos efectos en este rincón norestense de la patria.
En el anterior Periodo Legislativo, la diputada Nancy Ruiz llevó a la tribuna la iniciativa de reforma al Código Civil que permitiría los matrimonios igualitarios.
La única verdad es que la propuesta no fue aprobada porque a todas las fuerzas políticas les faltó voluntad.
La legisladora que en ese entonces pertenecía a la bancada de Morena denunció que sus compañeros la dejaron sola, pero tampoco la respaldaron los otros grupos parlamentarios, que aseguraron estar de acuerdo con el fondo pero alegaron detalles que tenían que discutirse en comisiones, lo que en realidad nunca ocurrió porque luego de congelarla, fue rechazada.
Apenas la semana pasada, la misma diputada volvió a presentar la iniciativa en el Pleno, y una vez más, fue turnada a comisiones.
La buena noticia para los colectivos LGBTQ es que los tiempos políticos de hoy parecen ser distintos a los de hace unos meses, cuando las pugnas internas entre morenistas frenaron la reforma.
La llegada al gobierno del estado de un gobierno de izquierda que durante la campaña enarboló con entusiasmo la bandera del humanismo, nos permiten pensar que la línea del Ejecutivo para los legisladores de la 4T, ahora sí, apuntará más hacia el progresismo.
Porque además no hay nada que discutir: la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo ha establecido en más de una ocasión, prohibir el matrimonio igualitario en las entidades es inconstitucional, y postergar su aprobación es un acto de discriminación.
Si la bancada de Morena hace a un lado su difícil relación con la diputada Nancy Ruiz (apenas hace unas semanas anunció su adhesión al PAN) y apoya su iniciativa, cuenta con los votos suficientes para que ésta se haga realidad.
La verdadera encrucijada debería ser para los panistas que de cara el 2024 intentan lavarse la cara y quitarse el estigma de ser un partido antiderechos.
¿Apoyarían a su diputada en esta iniciativa, como han asegurado, o confirmarían -una vez más- su filiación conservadora?
Quizás la respuesta no las dieron ayer los blanquiazules del Senado, donde se aprobó por fin la prohibición de las mal llamadas “terapias de conversión”, que promueven “tratamientos” para “curar” la homosexualidad que en realidad son vergonzosas prácticas de tortura.
Morenistas, priístas, emecistas, perredistas y algunos panistas como Xóchitl Gálvez votaron a favor, pero hubo 16 de ellos que prefirieron abstenerse de apoyar una votación histórica para erradicar esas prácticas propias de la Santa Inquisición.
Entre los que no quisieron votar a favor de la prohibición, por cierto, estuvo el senador tamaulipeco Ismael García Cabeza de Vaca.
Por Miguel Domínguez Flores