Las órdenes de aprehensión giradas contra los dos responsables de la compañía reynosense, Consultoría Internacional de Seguros y Fianzas S.C., deberían ser las primeras de un expediente que por fuerza debe incluir a quienes desde la Secretaría de Salud permitieron este fraude monumental, que le arruinó la vida a familias enteras.
Como lo detalla la nota publicada en la edición de hoy de EXPRESO, Héctor Francisco “N” y Olivia “N”, recibieron un contrato vía adjudicación directa por más de 5 millones de pesos, que se descontaron de la nómina de los trabajadores para que gozaran de un seguro de vida.
El problema es que la empresa, que en realidad hace las funciones de broker y que habría firmado más contratos con otras dependencias, nunca pagó las pólizas a las aseguradoras, por lo que cuando las familias intentaron hacer válido el seguro tras la muerte de los empleados, se encontraron con que no había nada que cobrar.
El contrato con la muy sospechosa Consultoría Internacional de Seguros y Fianzas S.C fue firmado el 9 de enero del 2020 por el Secretario de Administración, Jesús Salazar Anzaldúa y el apoderado legal de la Secretaría de Salud, Víctor Girón Dimas, además del apoderado de la empresa, Héctor Francisco Martínez Portilla, quien por cierto tendría una relación familiar con el ex subsecretario de Turismo, José Luis Martínez Portillo.
Una pregunta obligada que seguramente deberá responder la FGJ en su investigación, si es que quiere llegar al fondo del asunto, es por qué se entregó ese contrato, sin competencia de por medio, a una empresa de la que aún hoy es casi imposible encontrar datos fidedignos.
Aún más: desde el mes de agosto del 2020, un mes después de la muerte del médico Javier Ordoñez, su familia acudió a la Secretaría de Salud para exigir el pago del seguro médico y evidenciaron el fraude. A pesar de eso, no hay indicios de que durante ese año, la dependencia haya intentado rescindir el contrato.
¿Hasta dónde puede escalar la cadena de responsabilidades? En el terreno de las especulaciones hay muchas pistas.
Ojalá la Fiscalía vaya más allá de lo que presumieron ayer.
Panistas vs panistas
La presión que ejercen desde el Comité Directivo Municipal del PAN de Victoria a su bancada en el Congreso de Tamaulipas para que no voten a favor de aprobar el matrimonio igualitario, exhibe su realidad.
Primero revela que su dirigente, Alfredo Vanzzini, en realidad tiene por jefe a Arturo Soto Alemán, quien quiso dejar muy clara su postura “a favor de la familia tradicional”.
Segundo, que además de su rancia postura personal sobre el asunto, están empleando su pequeña parcela de poder para ser tomados en cuenta por la maltrecha dirigencia del “Cachorro” Cantú.
Soto y Vanzzini, ambos ex diputados locales -uno suplente del otro- vieron una grieta en la estructura política del PAN y parecen dispuestos a aprovecharla con un tema que en efecto puede dividir al grupo parlamentario.
Pese a eso, fuentes de la bancada blanquiazul ayer por la noche insistían en que hoy mantendrán la posición a favor de la reforma que ya mostraron en comisiones, donde entre panistas, priístas y morenistas, obtuvieron 14 votos, es decir, solo les faltarían tres más para que el matrimonio igualitario se vuelva una realidad en Tamaulipas.
¿Soportarán la presión?.
Por Miguel Domínguez
