Quién sabe qué documentos habrán visto los diputados de la anterior legislatura para certificar que Raúl Ramírez Castañeda cumplía con los requisitos que exige la ley para acceder al cargo de Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, pero ayer quedó claro que el abogado zacatecano no puede seguir al frente de ese órgano.
Era septiembre del 2021, faltaban unos días para que se renovara el Congreso y Acción Nacional perdiera la cómoda mayoría calificada con la que contaba, incluido el respaldo irrestricto de algunos priístas tan abyectos como Tino Sáenz.
Estaba en marcha la invasión del Supremo Tribunal de Justicia, por lo que Javier Castro Omaerchea recibió una magistratura como premio a la fidelidad que mostró al régimen durante su paso por la incipiente Fiscalía Anticorrupción.
Fue él quien impregnó ese novedoso órgano con un tufo político que no hizo sino crecer con el paso de los años.
A la salida del ahora magistrado, se lanzó de inmediato la convocatoria para buscar a su reemplazo.
Se montó el tinglado para entrevistar a seis supuestos aspirantes, entre los que ya estaba palomeado Raúl Ramírez Castañeda.
En la sesión de la diputación permanente los participantes aseguraron que los seis cumplían con los requisitos para llegar al Pleno donde se realizaría la votación final.
Pero no hay registro ni en las versiones estenográficas ni en los dictámenes publicados en el archivo digital del Congreso, de que el abogado que entonces dirigía la UIFE, hubiera acreditado contar con los exámenes de control y confianza que exige la ley y la misma convocatoria que ellos publicaron unos días antes.
Ahora sabemos gracias al oficio enviado por Irving Barrios al Congreso, que hasta la fecha no ha logrado cumplir con ese requisito fundamental para ocupar su cargo.
Unos meses después de aquellos días en los que la urgencia consumía al panismo, ya sentado en la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción, y en plena campaña negra contra políticos de Morena, Raúl Ramírez Castañeda regresó al Congreso para iniciar un proceso de desafuero contra la diputada Úrsula Salazar Mojica.
En su intervención, el Fiscal soltó una frase que reveló el nivel de arrogancia que alcanzó a lo largo de seis años en los que ocupó posiciones de privilegio en la función pública tamaulipeca, sin haber demostrado mayores méritos:
“Yo estaré a cargo de esta Fiscalía ocho años, si hay necesidad de esperarla, la esperaré…A cada santo le llega su día”.
Parece -si los diputados cumplen con la ley- que a Ramírez Castañeda ya le llegó su día.
El Congreso también se mueve…
Otro hecho relevante ocurrió ayer en Tamaulipas: la aprobación del matrimonio igualitario en la entidad, además de cambiarle la vida a un gran cantidad de ciudadanos, da una nueva vuelta de tuerca a la relación de fuerzas en el Congreso del Estado.
Los desfiguros de Arturo Soto, que junto a Álvaro Barrientos, quiso convertir el Palacio Legislativo -laico como deben ser todas las instituciones del Estado Mexicano- en un templo religioso, quedarán registradas en el archivo de la vergüenza.
Pero detrás de la revelación mística que llevó al ex diputado a disfrazarse de cristero, trasluce nítido su interés de bombardear a una bancada panista que cada vez luce más frágil.
La apuesta no le salió: las matemáticas indican que en la urna cayeron al menos, cuatro votos panistas para que el marcador final fuera de 23 votos a favor, 12 en contra y una abstención.
Esos cuatro votos -sin identidad por ahora- son la suma mágica que necesita Morena para revertir todas las reformas que se blindaron a la anterior administración.
El PAN contra el PAN puede convertirse para ellos en una pesadilla.
Por Miguel Domínguez Flores
