El viraje hacia un estilo de globalización fincado en salarios insuficientes, apertura mercantil indiscriminada, desindustrialización y achicamiento del Estado, nos dejó una herencia de población, urbana y rural, empobrecida. Empobrecida y con serios problemas de salud originados en una mala nutrición, con secuelas de obesidad, diabetes y otras enfermedades crónicas no transmisibles.
Con un medio rural semidestruido y una población urbana a la que el nuevo remedo de industrialización de ensamblaje de importaciones no le ofrece empleos dignos.
La situación es tan grave que el 40 por ciento de los empleados formales no gana lo suficiente para pagar la canasta alimentaria de una familia.
Y eso que entre los países de la OCDE México ocupa el primer lugar en cuanto a las horas de laborales desempeñadas por sus trabajadores.
Tras la lenta catástrofe propiciada por la peor estrategia de globalización subordinada posible, llegó la pandemia con nuevas oleadas de empobrecimiento, con deterioro nutricional y de salud de la población.
Recuerdo de mi infancia a una monja muy querida que decía “de que Dios dice a fregar, del cielo llueven escobetas”. Pues bien, ahora nos llega la inflación.
El aumento generalizado de los precios en todo el mundo. A México, país que abandonó al campo por modernizarse, sobreexplotó hasta destruir su riqueza energética y remató, en favor de los cuates, las empresas del Estado, ahora nos llega el golpe inflacionario por donde más duele: energía, fertilizantes y alimentos.
Afrontar la inflación procurando contrarrestar, o por lo menos minimizar nuevos daños contra la población, es un reto enorme.
El 3 de octubre en Palacio Nacional el presidente López Obrador firmó el Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía un acuerdo con 15 empresas (APECIC). Este acuerdo reforzaría las acciones del anterior Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC) que no logró su objetivo de estabilizar los precios de una canasta de 24 productos clave de la alimentación popular.
Se planteó como objetivo del APECIC reducir el costo de la misma canasta básica de 1,129 a 1,039 pesos, un ocho por ciento menos, en tiendas departamentales y hasta el 28 de febrero de 2023.
La estrategia sería otorgar a 15 empresas comercializadoras, en particular de artículos de importación, encabezadas por Wal Mart, una Licencia Única Universal que las exime de todo trámite o permiso incluyendo los del servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (SENASICA) y de la Comisión
Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), así como del Impuesto General de Importación.
Además, el gobierno se compromete a suspender la revisión de toda regulación que encarezca la importación de alimentos y la movilidad de estos dentro del país.
Es decir que la responsabilidad de asegurar que las mercancías cumplen las normas sanitarias y de calidad recae en las propias empresas importadoras.
El gobierno simplemente se hace a un lado. Las cupulas empresariales reaccionaron rechazando el APECIC.
Sus principales críticas fueron que solo participaban 15 empresas y esopropiciaría una competencia desleal que perjudicaría a muchas otras que son también importadoras de alimentos.
Una de las mayores preocupaciones fue que al abandonar el gobierno la responsabilidad de garantizar la inocuidad de las importaciones, establecida en tratados internacionales, otros países podrían desconfiar de la inocuidad de nuestras exportaciones agroalimentarias.
El caso es que el APECIC fue, de inicio, rechazado y la Secretaría de Hacienda entró en una renegociación con el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación de Cámaras de Comercio y el Consejo Nacional Agropecuario, entre otros.
A dos semanas de la firma del acuerdo, el 17 de octubre, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales declaró que no serían irresponsables ni pondrían en riesgo al consumidor mexicano con sus importaciones.
También señalaron que las reglas del acuerdo no habían sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El 19 de octubre se publicó en el DOF un decreto que exenta el pago de aranceles y facilita las importaciones de alimentos para un padrón de importadores que debe registrarse ante el SAT.
Es claro que no cualquier empresa podrá obtener el registro, pero, pero ya sin llamarlo por su nombre original se decretó esencialmente lo mismo. Sin que se renovarán las protestas de las cupulas empresariales.
Combatir la inflación es fundamental para el bienestar de la población y, en la perspectiva política, para evitar en lo posible movimientos y protestas sociales, como ya ocurren en muchos otros países. Sin embargo, no cualquier combate a la inflación es positivo, sobre todo si pone en riesgo la construcción de soluciones de fondo.
El presente no debe actuar en contra del futuro. Liberalizar el mercado alimentario puede traer algún alivio inmediato a costa de una aún mayor concentración de los canales de comercialización que operaria en contra de la comercialización convencional, e incluso posiblemente en contra de la producción nacional.
Estos posibles impactos deben ser vigilados muy de cerca. Sobre todo, porque es inevitable pensar que esta liberalización substituye la promesa de autosuficiencia alimentaria planteada al principio de la actual administración.
Un camino sobre el cual no solo no se avanzó, sino que se retrocedió fuertemente. Basta decir SEGALMEX, para recordar como los programas clave de impulso a la producción y al bienestar alimentario quedaron en malas manos, a pesar de las oportunas protestas de las organizaciones de base. No solo se destruyó a SEGALMEX y DICONSA, sino que se rompieron acuerdos y se persiguió a la representación campesina dentro de estas entidades.
Liberalizar el comercio sin un planteamiento de rescate del campo, de las instituciones del Estado, y de las organizaciones de productores, profundizará la dependencia alimentaria del país y avanzará en la destrucción del campo y de las cadenas de producción, distribución y consumo populares.
