No en todos los casos será necesaria una estrategia jurídica o política de la nueva administración para derribar los muros de contención que erigió el anterior régimen estatal en organismos fundamentales para el ejercicio democrático.
Dentro de unos días, Blanca Hernández Rojas concluirá su periodo como presidenta del Tribunal Electoral del Tamaulipas, en el que se distinguió por llevar hasta el límite de lo legal sus decisiones para defender las causas del panismo.
Quedará para el registro su posicionamiento para forzar la anulación de la elección del 5 de junio, porque según sus argumentos, había motivos suficientes para considerar que la supuesta violencia generalizada fue un factor decisivo en los resultados.
Fue tan complicado el papel que le tocó jugar -defender a toda costa la pobre impugnación presentada por el abogado Marco Baños- que se quedó sola en esa posición.
El resto de los integrantes del TRIELTAM coincidieron en que no había
en ese documento una sola prueba que tuviera la suficiente fuerza para siquiera debatir la posibilidad de anular la voluntad de más de 700 mil tamaulipecos.
Su posición tampoco encontró eco en la Sala Superior del Tribunal Federal, donde todos los magistrados confirmaron que, con el marco legal actual, no podía configurarse la anulación de la elección tamaulipeca.
Pero en esas semanas de incertidumbre ocurrió lo obvio: el voto de la presidenta del Tribunal local fue retomado como arma de propaganda en la campaña poselectoral panista.
Sus seguidores replicaron las frases de Blanca Hernández como si tuvieron mayor relevancia, y no fueran un intento desesperado por poner sobre la mesa un debate estéril.
Eran días de incertidumbre y de sucesos inéditos para Tamaulipas.
Como cuando la bancada panista en el Congreso del Estado se rehusó a obedecer la determinación del Tribunal Electoral de entregar la diputación permanente, para que esta fuera integrada por los últimos integrantes de la Mesa Directiva, lo que a la postre también fue ratificado por el Tribunal Federal.
Ante el flagrante desacato del grupo parlamentario de Acción Nacional, la presidenta del TRIELTAM prefirió atrincherarse en su oficina antes que posicionarse con claridad para defender la legitimidad del órgano que preside.
Lo cierto es que al menos en los últimos dos procesos electorales, no rindió frutos su insistente defensa de los proyectos que favorecían al panismo, porque al final, en el pleno del Tribunal siempre hubo tres votos que apuntaban en la dirección contraria.
El nuevo presidente será uno de los tres magistrados que estuvieron detrás de esos votos: Edgar Danés Rojas, Iván Arroyo Villarreal y Osiris Sánchez Rivas.
Reforma a las Comapas va
La contrarreforma enviada por el gobernador para que la Ley de Aguas regrese a la redacción que tenía antes de la escandalosa modificación que aprobaron panistas y priístas el pasado 30 de junio, tiene muchas posibilidades de concretarse.
Si se presentó en este momento es porque -ahora sí- la bancada de Morena tiene los números para conseguir la mayoría simple, con el apoyo de al menos uno de los dos priístas de verdad que integran ese grupo parlamentario.
Por Miguel Domínguez Flores
