La herencia más destacada y positiva de la actual administración es que desde 2019 los aumentos al salario mínimo general (SMG) se traducen en un incremento del salario real de los trabajadores formales ubicados en el escalón más bajo de ingresos.
Los aumentos han sido de 2019 al 2022 de 16, 20, 15 y 22 por ciento y para el 2023 será de 20 por ciento. Con estos incrementos se rompió la nefasta tradición de más de 40 años de subir los salarios por debajo de la inflación.
Lo que llevó a la pérdida de cerca del 75 por ciento del ingreso real de los trabajadores tomando como base el máximo alcanzado en 1978. La manera en que definen los incrementos ha sido siempre la misma; una negociación tripartita entre la representación de los trabajadores, la de los empresarios y el gobierno en el marco de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
Solo que en esta administración el gobierno se ha alineado más del lado de los trabajadores mientras que anteriormente invariablemente lo hacia del lado de los empresarios.
El aumento a partir del 1 de diciembre de 2023 anunció como un acuerdo consensado, es decir sin oposición empresarial. No debería haber sido de otro modo y estos últimos resultados hacen sospechar que la estrategia económica gubernamental, más que los mismos empresarios, era la que imponía su criterio.
Uno de los argumentos, o pretextos recurrentes para deteriorar el salario de los trabajadores fue que así se combatía la inflación. Solo que, a pesar del deterioro continuo nunca dejó de existir algo de inflación.
La razón era sencilla, las presiones inflacionarias en México no han surgido de la base de la pirámide económica o sea de los ingresos de los trabajadores, sino de su pico más alto: el incremento del valor de los bienes y activos en manos de los grupos de más altos ingresos.
Aparte de la recuperación salarial, todavía parcial, del poder adquisitivo de los trabajadores formales, la segunda herencia más positiva de esta administración son los incrementos de las transferencias sociales a los grupos de la población más vulnerables.
El programa más destacado, el de adultos mayores se incrementará en 36.6 por ciento en 2023; el conjunto de los programas sociales se elevará en cerca de 19 por ciento.
Estos programas apoyan el consumo de personas de la tercera edad, estudiantes, campesinos, personas con discapacidad, niños y niñas, jóvenes entre otros. México no destaca en gasto social en el conjunto latinoamericano y los mecanismos de operación precisos son controvertidos.
En su operación concreta no han contribuido a fortalecer las organizaciones sociales de base sino a deteriorarlas en favor de la subordinación política inmediata. No obstante, el avance en el incremento de la porción del producto nacional que reciben los más pobres es importante.
Recordemos sin embargo que la inserción de México a la globalización sin ser destacada estuvo basada en la explotación de la mano de obra a niveles que muchos han calificado como trabajo esclavo; eso en cuanto a los trabajadores.
Restan los simplemente excluidos y aquí hay mucho por hacer, requerimos una economía incluyente y no meramente parchar su incapacidad mediante transferencias sociales.
Dejar atrás el modelo de globalización basada en salarios miserables requiere de un nuevo balance que incluya nuevos factores de competitividad de la producción interna tanto en el mercado internacional como en el mercado nacional.
Pensemos que la estrategia de fortalecimiento de la demanda interna, en particular de la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema, continuará en esta y la siguiente administración.
Estaremos entonces ante un escenario de fortalecimiento relevante de la capacidad de compra de la población.
Es necesario que el incremento de la demanda se oriente masivamente al consumo de bienes y servicios producidos dentro del país y de este modo genere mayor empleo.
Así estaríamos en la posibilidad de entrar en una espiral positiva en el que el ingreso y el empleo se refuercen mutuamente para beneficio de todos.
Crecer en base al fortalecimiento del ingreso mayoritario y la inclusión laboral sería una buena plataforma para la competitividad exportadora del país.
En esta vertiente las transferencias sociales irían perdiendo importancia relativa y los recursos públicos podrían reorientarse gradualmente al impulso de la economía.
Se corre el riesgo de algo muy diferente; que el incremento del ingreso en marcha se convierta sobre todo en demanda de productos importados.
En esta vertiente la demanda interna crearía empleos fuera del
país y no tanto adentro.
Sostener lo ganado en la lucha contra la pobreza tendría que basarse en el incremento sostenido de las transferencias sociales con una carga creciente sobre las finanzas del estado que impediría la inversión productiva; estaría obstruyendo incluso el crecimiento del sector globalizado y las capacidades exportadoras.
Lamentablemente la coyuntura parece orientarnos más a la segunda opción que a la primera.
Dos fuerzas actúan en ese sentido. Una es que la estrategia contra la inflación presentada en el Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (Apecic) está orientada a reducir aranceles, permisos de importación y toda posible traba a las importaciones llevadas a cabo por las grandes cadenas comerciales.
Esto puede parecer necesario de momento y en una visión de muy corto plazo, pero favorece la competencia de los productos importados y los grandes canales de comercialización ante los productores nacionales y los canales del comercio popular.
Al golpe a la producción que implica la liberación comercial se le suma la política de fortalecimiento de la moneda nacional creando un uno dos del boxeo contra la economía.
En las últimas semanas el peso destaca como una moneda que se fortalece cuando casi todas van en sentido contrario. Banco de México se excede en fortalecer al peso sin mayor fundamento en la economía productiva.
Peso fuerte significa dólar barato, es decir importaciones baratas mientras que las exportaciones del país se encarecen para los demandantes internacionales.
La liberalización del comercio sumada al abaratamiento artificioso del dólar no constituye una estrategia económica sustentable en el mediano plazo. Puede inducir una falsa sensación de prosperidad sin piso firme.
Urge avanzar en una transformación integral que aproveche el fortalecimiento de la demanda popular para fortalecer la producción interna; de otro modo podría reproducirse, en pequeño, la falsa prosperidad del salinismo.
