En caso de concretarse la reforma aprobada el viernes por la Cámara de Diputados y devuelta al Senado para su confirmación, volverá a registrarse una transformación sustancial del sistema electoral en Tamaulipas.
No sería algo novedoso, pues igual que en el resto del país, desde la década de los noventa cuando comenzó la ciudadanización de las elecciones, en la entidad se han vivido modificaciones radicales en la manera de organizar y vigilar los comicios.
El cambio más importante planteado en el llamado “Plan B” del presidente, propuesto luego de que fuera rechazada su reforma constitucional mucho más ambiciosa, es la desaparición de las nueve juntas distritales del Instituto Nacional Electoral, y la reducción de la Junta Local Ejecutiva de Tamaulipas, instalada en Ciudad Victoria. Los promotores de la reforma aseguran que con ello se lograrán ahorros importantes; los detractores reviran que es un duro golpe para la democracia y que afectará gravemente la organización de las elecciones.
El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) se salva de un efecto mayor, que estaba planteado en la reforma original: su desaparición fulminante.
En su lugar, las modificaciones a las leyes secundarias lo obligan a “fusionar” algunas áreas con el Instituto Nacional Electoral y a reducir el sueldo de los consejeros, para que no puedan ganar más que el presidente. Actualmente, los consejeros del Instituto Electoral de Tamaulipas perciben un sueldo mensual de 126 mil pesos, y para el 2023, el Presidente de la República tiene aprobado un sueldo neto mensual de 121 mil 549 pesos, por lo que los consejeros locales estarían obligados a bajar sus percepciones.
Pero esta no sería la primera vez que se “toca” con una reforma al sistema nacional de elecciones, durante las últimas tres décadas, tanto el instituto federal como los institutos locales han ido transformándose prácticamente de la mano. La estructura actual del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas como la conocemos: una junta local ejecutiva y una junta por cada distrito electoral (actualmente nueve) data de 1993, solo tres años después de la creación del Instituto Federal Electoral, como una reacción a las polémicas elecciones presidenciales de 1998.
En el ámbito local, la ciudadanización de los comicios tardó un poco más en llegar: el 12 de noviembre de 1995 se realizó la primera elección local, organizada por el Instituto Estatal Electoral.
El 29 de junio de 1995 el Congreso del Estado nombró a siete consejeros ciudadanos para integrar el Consejo Estatal Electoral: Juan Carlos López Aceves, René Castillo de la Cruz, Francisco de los Santos Fraga, Armando Amín Rodríguez, Francisco Arellano Conde, Alberto Rhi-Sausi Galindo y Nasario W. Assad Assad.
La coexistencia del IFE y el ahora conocido como Instituto Electoral de Tamaulipas avanzó sin mayores sobresaltos por algunos años. Para aquella primera elección organizada por la ciudadanía a nivel local se firmó un convenio de apoyo y colaboración en material electoral entre el Gobierno del Estado de Tamaulipas, el IFE y el Consejo Estatal Electoral.
A partir de entonces, ambos organismos -el federal y el local- fueron fortaleciéndose: aumentó el número de consejeros y vocales en los consejos locales y distritales del IFE y se les fueron confiriendo cada vez más facultades.
Casi una década después, con una nueva reforma electoral en el 2007 se reforzaron las capacidades de fiscalización del IFE y se incrementó la duración en el cargo de los consejeros electorales hasta llegar a nueve años. El cambio más grande en la organización del IFE y el IETAM llegó con una nueva reforma en el 2014, con la que se creó el Instituto Nacional Electoral y los llamados Organismos Públicos Locales (OPLES), en sustitución de los institutos locales.
En aquel momento, igual que ahora, se puso sobre la mesa la desaparición de los institutos locales, pero al final se acordó un modelo mixto: se convirtieron en OPLES con autonomía técnica y de gestión, pero se le otorgaron al INE algunas funciones locales.
Lo más importante fue que la designación de los consejeros de los OPLES pasó por completo a manos del Consejo General del INE. “Al INE también se le dotó de diversas facultades extraordinarias para su intervención en las elecciones locales: asunción, atracción y delegación.
Esto quiere decir que, de forma extraordinaria y sujeto a una temporalidad y condiciones específicas, el INE puede asumir, previo a su inicio, la organización integral o parcial de un proceso electoral local, ante contextos que pongan en riesgo el sufragio o la imparcialidad; asimismo, puede delegar algunas de sus funciones en los Ople, y puede, finalmente, atraer alguna decisión del órgano local si considera que es trascendente, o necesaria para el establecimiento de un criterio general”, señalan los investigadores Pamela San Martín Ríos y Valles y Salvador R. Hernández Cuevas en un artículo titulado “Sistema nacional electoral vs. Sistema federal electoral”. Esta reforma se dio en parte, como respuesta a los reclamos constantes hacia los institutos electorales locales por sus determinaciones, en las que podía advertirse una relación cercana a los gobiernos estatales.
“La discusión en torno al enfoque centralizador del nuevo sistema electoral tuvo dos posturas. Por un lado, se encontraban quienes advertían en el modelo una afectación a la autonomía de los organismos locales que incidía en la lógica del pacto federal de la nación.
Por otro, estábamos quienes propugnamos por un modelo nacional electoral que atendiera las debilidades de las elecciones locales y generara condiciones de competencia real que garantizaran el derecho de las y los ciudadanos a que fuera su voto lo único que definiera la conformación de sus representantes y quienes habrían de gobernarles”, señalan los autores.
Esta relación entre INE y IETAM no cambiará del todo con la nueva reforma, porque el Instituto Nacional mantendrá sus facultades de atraer elecciones en caso de ser necesario. De hecho, lo que se busca -según los argumentos de la iniciativa enviada al Congreso de la Unión- es que los organismos federales y locales busquen una mayor coordinación para evitar funciones duplicadas.
El problema, advierten en el Instituto Nacional Electoral, es que para ello se ha planteado un recorte demasiado extremo que incluso pone en riesgo la operatividad de cara al proceso electoral del 2024, en el que se elegirá al Presidente de la República, Senadores, Diputados Federales, Locales y Alcaldes.
Por STAFF
