Merece toda la atención de los medios, regionales y nacionales, la denuncia penal presentada esta semana por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Tamaulipas (UIFE) RAÚL HERNÁNDEZ CHAVARRÍA ante la Oficialía de Partes de la Fiscalía General de Justicia.
Coloca en el centro del debate público el comportamiento venal de la administración tamaulipeca que concluyó sus labores el 30 de septiembre pasado.
Así de entrada, los cargos serían “destrucción de información digital y saqueo de 50 bienes muebles”. Cada tema con su importancia debida, aunque en principio destaca el afán de borrar evidencia que pudiera incriminar al grupo político del exgobernador CABEZA DE VACA.
Entre otros probables delitos: uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio indebido de funciones, coalición de servidores públicos y abandono de las funciones públicas. Hay, al respecto, 120 carpetas de investigación contra exfuncionarios del régimen anterior.
Contador público de profesión, con especialidades en finanzas, administración y derecho fiscal, HERNÁNDEZ CHAVARRÍA aterrizó en la UIFE en enero pasado con la encomienda inmediata de elaborar un diagnóstico sobre el perjuicio ocasionado al erario estatal por la pandilla cabezona.
Eso que llaman control de daños. Lo encontrado por RAÚL en dicha dependencia parece una calca del panorama desolador observado por el resto de los funcionarios americanistas a su llegada, el primero de octubre pasado.
El diagnóstico es muy similar al de todas las dependencias. A la UIFE la dejaron desfalcada, sustrajeron mobiliario e incluso desaparecieron información administrativa.
Quienes se fueron además se preocuparon por dejar la oficina (como el gobierno todo) en condiciones inoperantes. Caos deliberado.
Medio centenar de muebles desaparecidos, incluyendo equipo de cómputo, plotters, equipo electrónico para salones de juntas, entre otro.
Eliminaron archivos y la información contenida en los mismos, borraron las computadoras, se llevaron unidades de memoria externas, al grado de que el personal operativo quedó imposibilitado de continuar su trabajo regular.
La acción fue concertada y masiva. En dicha complicidad maligna, directores, subdirectores y jefes de departamento consumaron la destrucción sistemática de sus bases de datos y luego dimitieron sin esperar a que se les aceptaran sus renuncias. Salieron por la puerta de atrás, huyeron.
Con dicha demanda, el contador HERNÁNDEZ CHAVARRÍA demuestra su voluntad de cumplir la encomienda del gobernador VILLARREAL ANAYA. La pelota ahora está en la cancha del fiscal IRVIN BARRIOS.
Para allá van los reflectores. También las dudas (ojo al detalle) pues los implicados son sus amigos y antiguos compañeros de ruta dentro del gobierno panista. Veremos si se anima a cumplir realmente su deber o seguirá empeñado en procrastinar el ejercicio de la justicia.
CALIBRES Y BLINDAJES
Tienen mucho que explicar al menos dos extitulares de la UIF incondicionales del gobernador CABEZA DE VACA como son JAVIER CASTRO OMAERCHEA y RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA, ambos premiados después, el primero como magistrado y el segundo como titular actual de la Fiscalía anticorrupción.
Cabe recordar que fueron ellos quienes le hicieron el trabajo sucio a CABEZA al armar expedientes penales contra sus adversarios políticos, entre otros al exalcalde de Nuevo Laredo CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL y a los actuales ediles de Victoria y Reynosa, EDUARDO GATTÁS BÁEZ y CARLOS PEÑA ORTIZ.
Y bueno, fiel a su vocación plañidera, el exjefe de la UIF y actual fiscal RAMÍREZ CASTAÑEDA sigue levantando la voz para interpretar su recurrente papel de víctima, diciéndose perseguido (entre otros) …¡por los periodistas!…
Caso curioso, acaso único. Lo normal es que los comunicadores denuncien el hostigamiento de policías y funcionarios de dicho ramo (procuradores, fiscales) pero nunca al revés (hasta ahora)
En esta realidad invertida que aflora en la narrativa del fiscal RAMÍREZ, los malvados son los chicos de los medios y lo reitera cada vez que puede. Curiosa relatoría la suya, historias de patos que disparan contra las escopetas.
Se encuentra, dice, en situación de peligro y riesgo inminente. Teme por su integridad física o incluso por su vida, ante lo cual está solicitando se le autorice contar con guardaespaldas, amén de camioneta blindada y se le permita, además, el porte de arma.
Ignoro a qué arma se referirá, pero como abogado debiera saber de sobra que todos los mexicanos tenemos derecho a poseer armas para nuestra legítima defensa, incluso a portarlas fuera de casa.
Ello, siempre y cuando se soliciten los respectivos permisos ante la SEDENA, el arma quede registrada y además sea de algún calibre permitido por la ley. ¿O estará pensando en una bazuca?, ¿acaso una Barret calibre 50?…
Se escuchan entonces chascarrillos alusivos entre los representantes de los medios. Si el señor quiere guaruras que se los pida a CABEZA, al cabo ya no los va a necesitar. Y si quiere blindada (pues hombre) ¡que se la pida a GATTÁS!…
POR CARLOS LÓPEZ ARRIAGA
BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com
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