Asignar o atribuir responsabilidades a un gobierno cualquiera no es tarea sencilla. A veces la información disponible es incompleta o dispersa, a veces los instrumentos, las restricciones o las propias decisiones de política pública no son del todo observables para la sociedad.
Dependiendo del tema o periodo que se trate, así como del tipo de evidencia observable que se trate, un gobierno puede negar tener control o responsabilidad sobre los malos resultados, o bien presumir otros resultados como evidencia del éxito de su gobierno. Por desgracia, el gobierno actual no sería el primero en eludir responsabilidades o bien atribuirse méritos que no están completamente bajo su control.
Veamos algunos ejemplos. Según los datos más recientes del Inegi, durante el primer trimestre de este año el Producto Interno Bruto del país aumentó en 3.8 por ciento con respecto al mismo trimestre de 2023. Las actividades terciarias destacan con un crecimiento de 4.4 por ciento en el mismo periodo, mientras que las primarias sólo reportaron una tasa de crecimiento de 2.4 por ciento.
No se trata de un dato menor, toda vez que al inicio del sexenio se observaron ocho trimestres consecutivos con tasas negativas de crecimiento, cuatro de los cuales ocurrieron justo antes del brote de la pandemia de covid-19. El gobierno argumenta que la recesión pandémica era ineludible y, en cierta medida, quizá tenga razón.
Por un lado, vale la pena discutir si las medidas paliativas fueron adecuadas o no: ¿pudieron haberse salvado más vidas? ¿Pudo haber hecho algo el gobierno para que el impacto económico de la pandemia fuera menor? Por otro lado, es más difícil que el gobierno eluda su responsabilidad sobre el pobre desempeño económico previo a la pandemia. Aun así, durante 2019 el gobierno solía argumentar que el crecimiento económico era un indicador neoliberal e insuficiente del bienestar.
Desde entonces a la fecha, se han registrado ocho trimestres con tasas positivas de crecimiento. Si bien durante 2021 se observaron tasas elevadas como un efecto de rebote tras la severa recesión pandémica de 2020, las tasas observadas de 2022 a la fecha ya parecen revelar un crecimiento más estable y sostenido. El gobierno suele argumentar que estas tasas de crecimiento son muestra de una política económica adecuada. Puede ser. Sin embargo, vale la pena preguntarnos si otro tipo de políticas podrían aprovechar mejor el entorno internacional favorable de los últimos semestres: ¿por qué no estamos creciendo más?
En otro orden de ideas, la semana pasada se registró una nueva cifra récord de homicidios en México: 156 mil 136 registrados de diciembre 2018 a la fecha. Esta cifra supera los homicidios dolosos registrados durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, mientras que el récord del sexenio de Felipe Calderón ya había sido superado desde el año pasado. Ineludiblemente, éste es ya el sexenio más violento en las últimas décadas del país.
Cuando se le cuestiona al gobierno por estas cifras, hay dos tipos de respuestas: una, que no es responsabilidad suya, porque todas estas muertes se deben a la inercia heredada por los malos gobiernos del pasado. Otro tipo de respuesta es que el indicador relevante para evaluar la política de seguridad del gobierno actual en turno no es el nivel, sino la tasa de crecimiento, misma que ha disminuido lentamente en los últimos años. Paradójicamente, los homicidios de sexenios pasados se evaluaban tanto por sus alarmantes niveles, como por sus tasas de crecimiento. Para decirlo en breve, el criterio de evaluación era diferente cuando, quienes hoy gobiernan, estaban en la oposición.
El gobierno en turno ha podido usar sus mayorías legislativas para destinar presupuesto a los proyectos y aprobar las reformas legales que considera prioritarias. La transformación está en marcha, se nos repite. Sin embargo, al mismo tiempo nos advierte que hay intereses oscuros que lo quieren paralizar y hacerle un “golpe de Estado técnico”. ¿Acaso abundan los logros o los pretextos?
POR JAVIER APARICIO
