La posibilidad de que las campañas de Morena para las elecciones del 2024 sean usadas por redes criminales para influir en la gobernabilidad del país ha prendido las alarmas en el Congreso de Estados Unidos, que dan seguimiento a la estrategia del oficialismo de desmantelar el entramado institucional anticorrupción. Sin duda, el gobierno federal estará en la campaña presidencial de EU y no para bien.
Nuestro país muestra un preocupante declive en el combate a la corrupción. En este sexenio que culmina se han conocido casos graves de desvío de recursos y una tendencia a continuarse por la desestructuración de las instituciones.
El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2023, publicado por el Consejo de las Américas y la empresa de consultoría Control Risk, no deja bien parada ni le llega en buen tiempo a la autoproclamada Cuarta Transformación.
En los hechos, confirma que las izquierdas —en el caso de México hay una mixtura del priismo de viejo cuño y el morenismo, naciente de una incipiente izquierda— no son, per se, modelos de gestión de gobierno que tengan grandes logros en el combate a la corrupción.
Es remarcable que la delincuencia transnacional ha generado una dinámica disruptiva de los sistemas latinoamericanos que tienen como punto de destino —al menos en el caso del trasiego de drogas y la violencia asociada— México, donde no existe una política de erradicación.
Lo importante del índice es que no se sustenta en la percepción que los ciudadanos y los diversos sectores interesados tienen sobre la corrupción, sino en la eficacia institucional con la que los países la combaten y su capacidad de llevar ante la justicia a los actores corruptos y lograr una sanción.
Dentro de las 14 variables que examina el estudio, resaltan la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y la cantidad de recursos disponibles para combatir la delincuencia de cuello blanco. Sobra decir que desde que se hizo pública la primera investigación en 2019, el gobierno de Morena ha venido ejerciendo una presión inusitada en contra del Poder Judicial federal y provocando la atrofia de organismos constitucionales autónomos, como el Inai, así como el propio Sistema Nacional Anticorrupción.
Y, por lo que hace al periodismo de investigación, prácticamente se ha construido un discurso polarizante contra los periodistas que ha propiciado que, tan sólo en 2022, por cuarto año consecutivo, México se colocara como el país más peligroso para ejercer dicha profesión, incluso adelante de Ucrania, sumando 11 asesinados. De 180 lugares, el país ocupa el lugar 128 con condiciones adversas.
Las cifras de homicidios violentos en los que se involucran armas de alto poder permiten afirmar que México vive bajo las mismas condiciones que un país con una guerra de baja intensidad.
Así las cosas, las contradicciones de la narrativa del combate a la corrupción por la voluntad y no por la vía de la independencia institucional tienen graves consecuencias como las muestra el índice CCC, expresadas en la caída de México, por cuarto año consecutivo, en sus indicadores de combate a la corrupción, llegando a los 3.87 puntos, frente a Uruguay, que alcanzó los 6.99 puntos, de un total de 10.
Ocupamos entonces el lugar 12 de 15 naciones en la región. Incluso Perú, gobierno al que califica de ilegítimo, tiene una calificación de 5.53 puntos, y el de la izquierda moderna de Gabriel Boric, en Chile, 6.67, ocupando el tercer lugar.
México no tiene la capacidad legal, local ni federal, eficiente y las secuelas de la vulneración de las instituciones democráticas y el ataque a la sociedad civil dejan evidencia en el estudio, que puede consultarse en https://www.americasquarterly.org/wp-content/uploads/2023/06/CCC_2023_Re…
POR JORGE CAMARGO