En la actual estrategia de seguridad federal, la Guardia Nacional (GN) ha sido posicionada como un actor clave para la reducción de la violencia y la contención del delito. De acuerdo con el Programa Nacional de Seguridad Pública (2019-2024), se espera que a cinco años de la creación de la GN y de haber sido desplegada en regiones prioritarias, los poderes locales retomen la gobernabilidad en aquellos territorios con presencia de grupos de la delincuencia organizada, además de la reducción de delitos como el homicidio, el secuestro, la extorsión, entre otros.
A un año de cumplirse este plazo, el panorama es completamente distinto, pues en el sexenio actual se han registrado niveles de violencia homicida sin precedentes, con más de 35 000 víctimas anuales y una tasa promedio de 29 homicidios por cada 100 000 habitantes.
Al analizar los datos disponibles sobre elementos de la GN desplegados en el país entre julio de 2019 y marzo de 2022,1 es posible observar que su despliegue operativo no obedece a los criterios anunciados por el gobierno federal.2 En algunas entidades el despliegue de la GN ha tenido un efecto contrario pues, en lugar de reducir la violencia homicida, su presencia coincide con variaciones e incrementos importantes en los últimos años,3 particularmente en los homicidios cometidos con arma de fuego.
El despliegue operativo de la GN se concentró en seis entidades: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Oaxaca; únicamente el Estado de México y Guanajuato forman parte de los estados que en los últimos años han registrado niveles altos de violencia homicida.5
Existe una asociación moderada (r=0.4278) entre el despliegue de la Guardia Nacional y los homicidios dolosos cometidos con arma de fuego. Si bien el coeficiente obtenido del índice construido sobre despliegue de la GN muestra que su relación con los homicidios dolosos es positiva, estos resultados son de carácter exploratorio.
Al complementar el análisis de asociación con técnicas como el análisis por conglomerados, 7 los resultados son más esclarecedores. Por ejemplo, al analizar una solución de seis clústeres, se identifican algunos casos atípicos como la Ciudad de México y el Estado de México, tal como se observó en el análisis de regresión.
El caso de la Ciudad de México, destaca por tener una gran concentración de elementos desplegados (más de 13 000), pero niveles relativamente bajos de violencia homicida en comparación con otros estados (11.9 homicidios por cada 100 000 habitantes); mientras que el Estado de México concentra también un número alto de elementos desplegados (9937) y niveles intermedios de violencia letal en comparación con otras entidades (17.5 homicidios por cada 100 000 habitantes). Si bien en el Estado de México existe una importante concentración de delitos y de los municipios más violentos del país, los datos disponibles indican poca coincidencia en el despliegue de la GN en aquellos municipios con tasas elevadas de homicidios y extorsión.8
En Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, el fenómeno tiende a comportarse conforme a lo esperado. En estas entidades es notable un importante despliegue de elementos de la GN al mismo tiempo que la violencia homicida ha tendido al alza en el periodo analizado. En los casos de Jalisco y Sinaloa, destaca la concentración del despliegue de la GN en zonas urbanas, como la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco y los municipios sinaloenses de Culiacán, Mazatlán y Ahome.
El cuarto clúster consiste en estados del noroeste y centro norte del país, y es de gran importancia para entender los efectos que la GN ha tenido en el comportamiento de la violencia homicida. Estas entidades —Baja California, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Nuevo León, Morelos y Colima—, a excepción de Nuevo León, registran las tasas más altas de violencia letal en el país, con valores superiores a los 50 homicidios por cada 100 000 habitantes, al mismo tiempo que presentan un importante despliegue de elementos de la GN, todas ellas, con más de 2000 elementos desplegados. Entre estas entidades, Zacatecas constituye un caso de atención, pues su tasa de homicidios pasó de 39.3 homicidios por cada 100 000 habitantes en 2019 a una tasa de 100 en 2021.
Otro elemento de importancia es el incremento en el número de elementos desplegados a lo largo del periodo analizado. Entre julio de 2019 y marzo de 2022 en estas ocho entidades el número de elementos prácticamente se ha duplicado; destaca Baja California, que pasó de 747 elementos en julio de 2019 a 2209 en marzo de 2022.
El análisis por conglomerados nos permite identificar dos grupos más de entidades con características similares. El quinto clúster, y también el más grande, está integrado por entidades de diversas regiones, destacando entidades del sur del país, donde se concentran los niveles más bajos de violencia homicida y las proporciones más bajas de elementos de la GN, a excepción de Chiapas que, desde el inicio de sus operaciones contó con 2424 elementos desplegados con propósitos de control migratorio.
Finalmente, como sexto clúster, destacan los casos de Guanajuato y Michoacán por ser dos de las entidades con mayor proporción de elementos de la GN desplegados y también registrar un crecimiento en sus niveles de violencia homicida. En 2018, Michoacán y Guanajuato registraron niveles de 40.2 y 54.7 homicidios por cada 100 000 habitantes, respectivamente, y al inicio de las operaciones de la GN, en julio de 2019, se desplegaron 2110 elementos en Guanajuato y 3638 en Michoacán. Al final del periodo analizado ambas entidades contaban ya con más de 6500 elementos de la GN y tasas de 54 homicidios por cada 100 000 habitantes en Michoacán y de 62 en Guanajuato; es decir, el efecto del despliegue de la GN fue contrario al esperado por el gobierno federal.
Las condiciones de inseguridad y violencia que atraviesa nuestro país exigen la realización de estudios que desglosen las múltiples causas y expresiones asociadas al problema. La estrategia militarista que ha profundizado el actual gobierno, con diversas acciones de capitulación del poder civil ante el poder militar, no ha arrojado resultados positivos en la reducción de la violencia. El despliegue de la Guardia Nacional, si bien no es causa única de la violencia, sí es una intervención ineficaz para hacerle frente.
El presente estudio exploratorio abre la posibilidad para la profundización de investigaciones futuras; por ejemplo, identificar los criterios que sigue el gobierno mexicano para decidir el despliegue de la GN, así como explorar otras variables sociológicas, políticas y económicas vinculadas a la violencia armada. Profundizar en el estudio de la violencia letal es prioritario para el diseño de políticas públicas que, desde una vía democrática y civil, construyan seguridad y justicia para las personas.
POR CAROLINA JASSO GONZÁLEZ Y EDGAR BALTAZAR LANDEROS
