Las campañas adelantadas de unos y otros han tenido como consecuencia no deseada una relación difícil con la evidencia. Los críticos y opositores no deberían negar o pelearse con la evidencia de los logros o avances del gobierno, aunque les parezcan escasos. Por otro lado, los voceros y simpatizantes del gobierno tampoco deberían sobredimensionar los resultados obtenidos a lo largo del sexenio, aunque les parezcan abundantes. Esto aplica del mismo modo para indicadores económicos, seguridad, incluso las tendencias electorales.
Como he comentado en este mismo espacio, la más reciente ENIGH del Inegi sugiere mejorías reales en los ingresos promedio de los hogares, así como una mejoría en diferentes indicadores de la distribución del ingreso. Estos avances deben reconocerse. Si bien el Inegi estima que los ingresos promedio de los hogares aumentaron en 4.6% en términos reales entre 2018 y 2022, también es cierto que esto implica un aumento promedio de sólo uno por ciento anual.
En cuanto al crecimiento económico, también hay buenas noticias. La más reciente estimación oportuna del Inegi indica que, durante el segundo trimestre de 2023, el Producto Interno Bruto creció 0.9% respecto al trimestre anterior, y 3.6% respecto al mismo trimestre del año pasado.
Las tendencias de los últimos seis trimestres sugieren que es posible que el PIB nacional crezca en más de 3% anual durante este año y el siguiente. Es una buena noticia y debe reconocerse. Al mismo tiempo, también debe reconocerse que el PIB sólo ha crecido en 2% en términos reales entre diciembre 2018 y junio de 2023. Del mismo modo, debe evaluarse el papel de los factores internos y externos en la recuperación económica pospandemia.
Sin mayores tasas de crecimiento económico, tanto las mejorías en los ingresos de los hogares como la reducción de la pobreza seguirán siendo modestas. La incidencia del gasto público y los programas en la reducción de la desigualdad requiere una evaluación detallada de los programas sociales viejos y nuevos. El entorno internacional es propicio para que nuestro país tenga mayores tasas de crecimiento que las de años o sexenios recientes, pero esto tampoco ocurrirá sin repensar la política económica o energética en general.
Cuando la economía no crecía al inicio de este sexenio, el Presidente solía decir que los ingresos o el PIB no eran indicadores suficientes de bienestar. Esto es cierto. Pronto sabremos más detalles sobre la evolución reciente de otros importantes indicadores de bienestar, tales como el rezago educativo, el acceso a servicios de salud y seguridad social, alimentos y calidad de la vivienda y sus servicios. Si la evaluación del Coneval sugiere, como es probable, que ha habido retrocesos importantes en cuanto a salud y educación, ¿qué debe hacerse? ¿Es defendible intentar abatir la pobreza con programas de transferencias monetarias a costa de sacrificar la calidad de la educación y la salud?
Si el gobierno quiere que se le reconozcan sus logros en cuanto a la distribución del ingreso, primero debe explicar de manera clara y transparente lo que se ha sacrificado para conseguirlo. ¿Ha sido a costa de desmantelar diversas capacidades del sector público? ¿Es defendible el sobrecosto de los proyectos estratégicos —algunos con muy poca rentabilidad social— que han sido encomendados a las fuerzas armadas? ¿Se puede defender una transformación a costa de no rendir cuentas y ocultar información? ¿Se pueden sostener los programas sociales sin una reforma fiscal?
Si el partido en el gobierno pretende prometer una presunta plataforma de cambio con continuidad, ¿cuál será ese cambio?, ¿cuál será la continuidad? Si la oposición quiere prometer un cambio creíble frente a lo que ha sido un mal gobierno, ¿en qué consistirán esos cambios?, ¿qué programas están dispuestos a preservar? Ni unos ni otros deberían pedirnos un cheque en blanco.
POR JAVIER APARICIO
