CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El 22 de agosto del 2010, un domingo por la noche, en un galpón del rancho El Huizachal ocurrió la Masacre de San Fernando, que marcó el inicio de la etapa de mayor violencia que haya sufrido el estado en su historia moderna, y desató una serie de hechos que causaron a ese municipio, una cicatriz que aún hoy no se puede borrar.
A partir de ese momento, empezó a destaparse la barbarie desmedida que asoló a la región y que tuvo otra fecha trágica apenas ocho meses después cuando se conoció el hallazgo de más de casi 50 narcofosas, en las que encontraron en total 196 cuerpos, algunos de los cuáles aún hoy permanecen sin identidad.
Ambos hechos están conectados entre sí por una línea temporal que atraviesa otros momentos marcados en el calendario de la violencia tamaulipeca.
Porque apenas dos meses antes de la primer matanza, en Victoria había sido asesinado el candidato del PRI a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú.
Los enfrentamientos armados se registraban todos los días en el amplio territorio tamaulipeco: desde la frontera -epicentro de la guerra- hasta la zona conurbada -escenario de feroces disputas por la plaza-.
A principios del 2010, los focos rojos estaban encendidas.
En febrero, las autoridades informaron de la muerte violenta de 19 personas en menos de 72 horas, provocando el cierre de las oficinas consulares de Estados Unidos en Reynosa.
A raíz de eso, se restringieron los viajes de funcionarios diplomáticos de ese país a Reynosa por razones de seguridad y el alcalde de esa ciudad, Óscar Luebbert, alertó sobre el rompimiento interno entre dos grupos criminales.
Los reportes de enfrentamientos se multiplicaban en zonas de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Valle Hermoso, principalmente, y el gobierno del estado pidió el apoyo de soldados y policías federales.
En ese contexto, ocurrió la primera masacre de San Fernando, cuyos detalles se conocen gracias a que de manera impensada, hubo sobrevivientes.
Es el caso de Fredy Lala Pomadilla, un joven ecuatoriano de entonces 17 años, que también perseguía los sueños de una vida mejor para su familia.
Llegó en autobús a San Fernando, donde un grupo de pistoleros a bordo de varias camionetas, los bajaron de los autobuses a punta de pistola a él y otros migrantes y se los llevaron secuestrados a un rancho.
Después de robarles sus pertenencias, interrogarlos a punta de golpes, para saber si no iban a emplearse con sus rivales, les ofrecieron mil dólares por quincena por trabajar para ellos.
El grupo de migrantes lo conformaban 60 hombres y 14 mujeres, de Ecuador, Honduras, El Salvador, Guatemala, Brasil y la India.
Al negarse al ofrecimiento para emplearse con el grupo criminal, empezó la matanza.
«Sólo recuerdo que se escucharon los lamentos y las súplicas de algunas de las personas que estaban ahí, luego oí disparos y cuando terminó todo y se fueron me levanté para pedir ayuda», expresó Freddy, que como pudo camino kilómetros durante la madrugada hasta que vio a unos elementos de la Marina a quienes contó lo sucedido en el galerón.
Un día después, el 23 de agosto, las las autoridades reportaron el hallazgo de 72 cuerpos y estalló el escándalo internacional.
Con el paso de los años, han sido detenidas al menos 17 personas involucradas en la “Masacre de los 72”, con acusaciones por delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, portación de armas, corrupción de menores, homicidio calificado.
En Ecuador se detuvo a dos polleros, Carlos Heriberto Guzmán, sentenciado a 8 años de prisión por tráfico de personas en agravio de Rosa Amelia Panza Quilli y a José Arcesio Vázquez Marín por el tráfico de Fredy Lala Pomadilla y Telmo Leónidas Yupa Chimborazo, también de 17 años, cuando sucedió la masacre.
Todavía estaba en su apogeo la exigencia de justicia por los 72 migrantes asesinados, cuando se conoció otro episodio de la barbarie en San Fernando.
En abril del 2011, salió a la luz una noticia que volvió a cimbrar a la opinión pública: en diferentes parajes de San Fernando se encontraron varias fosas clandestinas con decenas de cuerpos.
De acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre el 23 de marzo y el 31 de marzo, un grupo delictivo ejecutó secuestros masivos de pasajeros de autobuses, a los que forzaban a integrarse a sus tropas.
Tan solo de la línea Omnibus se documentaron plagios numerosos en las corridas provenientes de Uruapan, Zamora y Ciudad Altamirano.
Los hechos habían afectado a todas las líneas de autobuses que atravesaban por ese punto, con pasajeros provenientes sobre todo del centro y el sur del país.
En una reunión que días después realizaron mandos de la Policía Federal con representantes de las principales empresas de transporte foráneo, se relataron decenas de casos similares.
El hallazgo de seis fosas clandestinas el 1 de abril permitió que, con el correr del tiempo, se dimensionara el crimen: en los diez días siguientes, se encontraron en las inmediaciones del municipio 196 cuerpos en 48 entierros clandestinos.
Diez meses pasaron entre la primera masacre de San Fernando y el descubrimiento de las narcofosas. Una temporada de horror que retrata el grado de violencia que vivía Tamaulipas, pero también la omisión de las instituciones de seguridad.
En una recomendación emitida en el 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reclamó a las autoridades de aquel entonces -municipales, estatales y federales- el desaseo con el que abordaron el caso, además de su ineficacia para brindar seguridad a la población, y para procurar justicia a las víctimas.
Las primeras actuaciones del Ministerio Público asignado por la Procuraduría General de Justicia estuvieron llenas de inconsistencias y errores que afectaron la investigación.
Igual que ocho meses antes, los lugares donde se encontraron los cuerpos, carecieron en todo momento de protección, por lo que la escena y las evidencias pudieron contaminarse con facilidad.
Al sitio no acudió perito ni personal forense alguno; el tratamiento de los cadáveres y su traslado a las instalaciones del SEMEFO en Matamoros fue realizado por trabajadores de una funeraria privada y por elementos de la Policía Municipal, muchos de los cuales después fueron implicados en los hechos.
En total, fueron 17 policías preventivos de San Fernando, los que fueron detenidos, acusados de colaborar con los criminales para los secuestros masivos.
Por estos, hechos, también se investigó la actuación del entonces alcalde, Tomás Gloria Requena.
Un reporte de la CNDH retrata el mal trabajo que hicieron las autoridades: “El 28 de abril de 2011 personal de la Oficina Forense en Reynosa, Tamaulipas de la Comisión Nacional acudió a esas instalaciones con sede en Matamoros y constató que se encontraban al descubierto los registros de alcantarillas por donde circulan los desechos de las necropsias practicadas, así como el grado de contaminación entre la basura y los desechos de las necropsias”, dice un documento de la CNDH.
Las imágenes de los camiones llenos de bolsas negras con los cadáveres se quedarán para siempre en el registro histórico del estado.
“Destaca la falta de conocimiento por parte de los agentes del Ministerio Público encargados de la investigación al desconocer las periciales mínimas e idóneas que se requerían para el procesamiento de los indicios y la posterior identificación de las víctimas, lo que afectó directamente la investigación de los delitos y eventualmente obstaculizó una reparación del daño oportuna”, concluyó el estudio de la Comisión.
Por Staff
Expreso-La Razón
