CD. VICTORIA. La Contraloría del estado ha decidido llevar adelante una solicitud para ampliar la inhabilitación del ex secretario de Educación, Mario «N», quien actualmente se encuentra castigado por tres meses.
Esta medida se toma debido a la consideración de que el periodo de inhabilitación es insuficiente, dada la gravedad de las faltas cometidas por el ex funcionario público, afirmó Norma Angélica Pedraza Melo.
La Contralora Gubernamental, explicó la razón detrás de esta acción, indicando que «La ley establece claramente que cuando se trata de una falta grave, la competencia para determinar la duración de la inhabilitación recae en el Tribunal de Justicia Administrativa. En este caso, consideramos que las acciones del ex secretario de Educación fueron de suma gravedad, y por lo tanto, estamos presentando un recurso para que se amplíe el período de inhabilitación más allá de los tres meses actuales.»
Hasta el momento, se han vinculado a proceso dos de los trámites relacionados con este caso, uno a cargo de la Contraloría y otro del ámbito educativo. Además, se han remitido seis expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa como parte del seguimiento a este asunto.
Tres personas, incluyendo un director general, un director de área y un jefe de departamento, han sido inhabilitadas, y se ha interpuesto un recurso para que se considere una sanción más severa debido a la gravedad de sus acciones.
Pedraza Melo también esclareció el proceso que se sigue en estos casos, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas.
«Cuando se detecta una presunta falta administrativa, se inicia un proceso de investigación por parte de la autoridad competente. Se recopilan pruebas y se califica la falta como grave o no grave”
Afirmo que en este caso, la calificación fue de falta grave, lo que llevó a la presentación de un informe de presunta responsabilidad administrativa. Posteriormente, el Tribunal de Justicia Administrativa se encarga de determinar la duración de la inhabilitación.
“Y es en este punto en el que estamos interviniendo para solicitar una sanción más acorde con la gravedad de las acciones.»
Además, la Contraloría Gubernamental informó sobre el progreso de las nueve que se están llevando a cabo. Una de ellas, la relacionada con la Comapa Zona Sur, está por concluir. Inicialmente planeada para un año, esta auditoría se ha extendido debido a la identificación de hallazgos durante el proceso de entrega-recepción.
“Se han determinado 72 observaciones que podrían implicar un presunto daño al erario público de 383 millones de pesos. A partir de estos resultados, se han presentado tres denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción”.
Por Raúl López García
