A lo largo de los primeros cinco años del sexenio, el gobierno federal presumió un prudente manejo de las finanzas públicas y llegó a prometer que no incurriría en mayor endeudamiento. Sin embargo, las cifras oficiales dicen otra cosa.
Según el Paquete Económico 2024, entregado por el gobierno federal hace unas semanas a la Cámara de Diputados para su consideración, los requerimientos financieros del sector público —una medida amplia del balance deficitario entre ingresos y gastos de la hacienda pública del país—, ascenderían a un billón 864 mil 872 millones de pesos, un monto equivalente al 5.4% del PIB estimado para el año próximo. Se trata de una cifra no vista en décadas. Para este 2023, por ejemplo, los requerimientos financieros aprobados fueron de cuatro por ciento del PIB.
Hay quienes dicen que todos los gobiernos suelen endeudarse en el último año de gobierno. Con base en cifras de la SHCP, entre 2011 y 2012, los requerimientos financieros pasaron de 3.2 a 3.6 puntos porcentuales del PIB. Sin embargo, entre 2017 y 2018, los requerimientos financieros disminuyeron al pasar de 2.5 a 2.1% del PIB. Algo similar ocurrió entre 2005 y 2006: en ambos años el saldo deficitario fue de 1.4% del PIB.
¿Cómo podemos explicar estos datos? Existe una amplia literatura sobre la economía política del gasto público y los déficits presupuestales. El así llamado “ciclo político presupuestal” se refiere a una regularidad empírica, de acuerdo con la cual los gobiernos deciden aumentar el gasto público, disminuir la recaudación de impuestos, o bien ampliar el déficit público de manera significativa en los años electorales con el fin de mantenerse en el poder.
La evidencia empírica de las últimas décadas sugiere que los ciclos políticos presupuestales son más frecuentes en ciertos contextos sociales y políticos que en otros. Por ejemplo, éstos pueden ser más recurrentes en regímenes presidenciales que en parlamentarios, en sistemas electorales con regla de mayoría, así como en contextos con elecciones reñidas. Por otro lado, estos efectos también suelen observarse más en países donde el Ejecutivo tiene pocas restricciones para imponer sus preferencias de gasto que en países con más contrapesos, o bien en países con un electorado relativamente poco informado, así como en democracias jóvenes que en democracias más consolidadas.
Según los economistas Adi Brender y Allan Drazen, expertos en el tema, estos hallazgos pueden deberse a que, en las democracias nuevas el electorado no cuenta con la información necesaria para evaluar los intentos de manipulación del gasto público con fines electorales. Por otro lado, esto también puede deberse a que, conforme se consolida una democracia, la manipulación del presupuesto se vuelve más difícil de lograr o, en un caso extremo, pueda llegar a ser castigada por los votantes.
Otros estudios han analizado la composición del gasto público, más allá de los niveles de gasto o déficit agregados. Es posible que el nivel de déficit público no cambie mucho en un año electoral, pero que sí cambie de manera importante la composición del gasto, por ejemplo, para aumentar programas sociales a costa de disminuir el gasto en inversiones o servicios públicos que tomarían más tiempo en concluirse.
Otra posibilidad es que, cuando coinciden las elecciones presidenciales con elecciones estatales, el ciclo presupuestal se observe en el gasto local, pero no tanto en el federal. Después de todo, baste recordar los numerosos casos de gobernadores o presidentes municipales que dejan pesadas deudas al abandonar sus cargos.
Por último, una cosa es que los gobiernos intenten manipular el gasto público con fines electorales. Otra es que logren hacerlo y una tercera es que, en efecto, los votantes premien el déficit presupuestal. Paradójicamente, en democracias consolidadas se ha encontrado lo contrario: que el electorado castiga en las urnas a los gobiernos que se endeudan en años electorales. ¿Cree que será el caso de México?
POR JAVIER APARICIO
