Tras la salida de las tropas norteamericanas y de la OTAN de Afganistán hace dos años, y la recuperación del poder por los talibanes, se reinició el aplastamiento de los derechos más básicos de las mujeres. Reclusión dentro del ámbito doméstico, cobertura total de cuerpo y cara fuera de su casa, prohibición de educarse más allá de la primaria, de trabajar en organizaciones locales y no gubernamentales, y de circular con libertad en los espacios públicos. Ese brutal sometimiento forzado desató incluso una grave crisis en el proceso de distribución y entrega de las ayudas humanitarias que son necesarias para paliar las penurias de la población general afgana, ya que a las mujeres se les vedó participar en ello, a pesar de haber sido en los años previos piezas clave en dicho proceso, en virtud del conocimiento que tenían de las necesidades y características de sus comunidades.
No es extraño, pues, que en esas condiciones, 70 por ciento de las mujeres en ese país sufran actualmente de problemas mentales diversos como ansiedad, depresión, miedo y pensamientos suicidas, según lo revela un informe reciente de ONU Mujeres, la Organización Internacional para las Migraciones y la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán.
Una mala noticia adicional es que las condiciones de vida de las mujeres iraníes están también empeorando aceleradamente. Si bien su situación no es comparable aún con la de las afganas, la resaca derivada de las intensas protestas por el asesinato de Mahsa Amini hace un año, se está manifestando en cambios legislativos que acorralan aún más a las mujeres. La semana pasada apunté en esta columna algunos datos que mostraban la fiereza de la represión gubernamental contra quienes salieron tenazmente durante meses a manifestarse a favor de cambios en la legislación que liberaran a las mujeres de su condición de sometimiento. También subrayé cómo una vez sofocadas las protestas a sangre y fuego, el régimen procedió a endurecer más la vigilancia y las sanciones a las infractoras del código de vestimenta islámico.
Para tener una idea más clara acerca de la naturaleza del mencionado endurecimiento basta ver qué ha estado pasando en estos días. Luego de que por años el artículo 638 del Código Penal Islámico señalaba que las penas por aparecer en el espacio público sin el velo eran de prisión de entre diez días a dos meses o pagar una multa, el miércoles el Parlamento iraní aprobó por 152 votos a favor, 34 en contra y siete abstenciones, una nueva ley para apoyar a la familia mediante la promoción de la cultura de la castidad y el hijab, la cual aún requiere de la aprobación del Consejo de Guardianes de Irán integrado por 12 miembros. Esta nueva ley aumenta las penas por las infracciones. Contiene 70 artículos en los que se establece, entre otras cosas, que las mujeres que se desvíen del Código de Vestimenta podrían enfrentar penas de prisión de entre cinco a diez años. Se menciona también que quienes sean consideradas culpables de “nudismo, falta de castidad, ausencia de hijab, vestimenta impropia o realicen actos contra la decencia o alteren el orden público, serán merecedoras de sesenta latigazos más una pena de prisión”.
Pero eso no es todo. La ley amenaza con multas y con el cierre de los establecimientos comerciales que reciban en sus locales a mujeres vestidas sin la modestia exigida. Para ello se están instalando cámaras que vigilen estrictamente cómo se presentan las clientas. A los propietarios de empresas cuyas empleadas no usen el velo durante su jornada de trabajo se les sancionará con la prohibición de salir del país. Y desde luego, la misma ley impone segregación de género en oficinas gubernamentales, universidades, hospitales y parques públicos.
Un panel de expertos de Naciones Unidas ha considerado esta nueva legislación como promotora de un “apartheid de género” que está conduciendo a la población femenina de Irán a una cercanía cada vez mayor con el modelo talibán de Afganistán. Hace unos meses, cuando las protestas populares estuvieron en su clímax, se pensó que era inminente un cambio positivo de rumbo en las políticas referentes al trato de las mujeres y niñas en el país,
Por desgracia, el panorama actual muestra lo contrario. Se han reforzado las garras machistas de la teocracia gobernante cuya misoginia llegó al grado de gestar hace unos meses un ambiente propicio para el surgimiento de individuos que fueron capaces de envenenar a niñas y adolescentes en sus escuelas con el fin de disuadirlas de asistir a los centros educativos. Los ejemplos de lo que pasa con las mujeres en Afganistán e Irán son, sin duda, elocuentes de los horrores e injusticias a las que conduce el uso perverso de la religión para someter al prójimo y sobre todo a la prójima.
POR ESTHER SHABOT
