El primero de diciembre de 2018, tras rendir protesta ante el Congreso de la Unión, el presidente López Obrador planteó 100 compromisos de gobierno en un largo discurso en el Zócalo. El compromiso número 89 fue el siguiente: “Se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa; se conocerá la verdad y se castigará a los responsables”.
Por su parte, el compromiso número 91 fue: “La Fiscalía General contará, en los hechos, con absoluta autonomía; no recibirá consigna del Presidente de la República y sus prácticas se apegarán al principio del derecho liberal, según el cual, al margen de la ley, nada y por encima de la ley, nadie”.
Esa misma semana, el 4 de diciembre de 2018 se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), con el mandato expreso de “establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa”. El 15 de enero de 2019 se instaló la Comisión de la Verdad, presidida por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
Meses después, el 26 de junio de 2019 se creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA) a cargo de Omar Gómez Trejo. En una reveladora entrevista con John Gibler, publicada por Quinto Elemento el 26 de septiembre pasado, Gómez Trejo explica cómo fue que, por una decisión de Estado, se cancelaron órdenes de aprehensión contra militares y cómo se desarticuló la oficina a su cargo y años de investigación sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes. En septiembre de 2022, Gómez Trejo renunció a su cargo y salió del país.
El gobierno que ha explotado políticamente la tragedia y los crímenes de Ayotzinapa hasta el máximo, el mismo que prometió dar a conocer la verdad y castigar a los responsables, decidió desmantelar la unidad de investigación. Han pasado nueve años desde la tragedia y los crímenes de Ayotzinapa. Han pasado casi cinco años de este gobierno y, a decir de los padres de las víctimas, no se ha cumplido la promesa de verdad ni justicia.
Aunque las tendencias han disminuido lentamente, los homicidios y desapariciones forzadas de este sexenio han superado ya los de sexenios anteriores y se encuentran en máximos históricos. Mientras que el gobierno ha apostado por militarizar aún más la seguridad pública, las Fuerzas Armadas tienen más poder e influencia económica y política que antes. Las víctimas y sus familiares, por desgracia, siguen igual de desprotegidas que antes.
Hay quienes piensan que este reclamo es nuevo: “¿Por qué antes no dijiste nada?”. En septiembre de 2015 escribí en este mismo espacio que: “Para quienes dicen que tales o cuales voces no tienen legitimidad para reclamar algo al gobierno, allí están los miles de voces que, un año después, se siguen sintiendo indignadas o agraviadas. Para quienes dicen que hay que mirar hacia adelante, allí están los homicidios y desaparecidos posteriores a Ayotzinapa. ¿Qué respuesta tiene el Estado mexicano para ellas y ellos o sus familiares?” (26/sep/2015).
“¿Qué opinan hoy quienes hace casi un año afirmaron que la investigación de la PGR sobre el caso Ayotzinapa era de primer nivel? (…) ¿Podemos creerle al gobierno? ¿Deberíamos? ¿Tiene el gobierno mexicano o la Procuraduría General de la República los incentivos para dar con la verdad histórica de los hechos de algún crimen? (…) Un gobernante que no tiene contrapesos ni mecanismos de control suficientes, tiene más incentivos para abusar del poder que para limitarse. Un funcionario que sabe que no habrá consecuencias ni castigos para su ineptitud, parcialidad o inacción tiene incentivos para ser inepto, parcial y omiso. Una procuraduría que depende del Ejecutivo tiene más incentivos para proteger los intereses del gobierno federal que para buscar la verdad”. (12/sep/2015). Nueve años después, sigo pensando lo mismo.
POR JAVIER APARICIO
