La administración de los recursos económicos federales, según advierte la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es atribución exclusiva del presidente.
Y al menos hasta ahora no existe forma de disputarle en términos legales cómo, cuándo y dónde ejercer el gasto. Por eso hay colaboradores de Andrés Manuel López Obrador que rehúsan compartir con los gobernadores la asignación del gasto social a fin de evitar que éste se realice equitativamente, para ellos manejarlos de manera centralista.
A ello obedece que en el Senado de la República, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en los partidos políticos, las Organizaciones No Gubernamentales (Ong’s), sindicatos y otras entidades de la sociedad civil, aparte de la Cámara de Diputados (federal, por supuesto), pudiera mantenerse firme la convicción de revisar el Pacto Federal, pues legalmente éste ya resulta atentatorio contra el porcentaje del pueblo que no simpatiza con Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pero sí tiene necesidad de esos recursos que les son conculcados.
Y más en estos momentos cuando la crisis económica azota a todo el país. Dicho en otras palabras, hay una errónea interpretación del artículo 90 de nuestra Carta Magna por parte de los secretarios federales, pues amparan malamente su proceder exclusivo y excluyente (en el manejo de los recursos) con desplantes centralistas que nada tienen qué ver con la disposición jurídica que determina concentrar los dineros públicos para su repartición justa y equilibrada.
Hago esta reflexión por la necesidad que existe de revisar el marco jurídico, a fin de que los 32 estados de la República Mexicana, como entidades libres y soberanas que son, tengan mayor participación en el manejo de los ingresos recabados vía impuestos.
Sobre todo, en lo que respecta al manejo del rubro social, insisto, pues de cada peso que las entidades fronterizas envían a la Federación, ésta sólo les regresa alrededor de cinco centavos y quizá hasta diez (cuando bien les va), obligándolas a subsidiar a estados con índices graves de marginación y pobreza y, lo peor, negándoles (a los regímenes subsidiarios) la oportunidad de ayudar a sus pueblos directamente, pues la Federación da en agrupar políticamente el manejo de esos dineros.
En fin, el tema es tan interesante que amerita otro análisis, fuera del reclamo social que existe ante la adversidad que sufren miles de compatriotas del noreste. Sobre todo, cuando allá en Palacio Nacional malamente se interpreta el Pacto Federal.
LA POBREZA DE AMLO
Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el último año se ha reducido el número de pobres en México. Sin embargo, hay cifras oficiales que reconocen que en México existen 43.1 millones de personas que sufren ‘pobreza moderada’ y 9.3 millones sobreviven de milagro en asentamientos urbanos y rurales.
Pero hasta la fecha no existe ningún programa institucional que brinde resultados efectivos contra la miseria, que es uno de los males sociales que al paso del tiempo se ha vuelto crónico. La desigualdad entre los segmentos poblacionales es notable.
Por una parte se encuentra la minoría que vive las mieles del primer mundo y la civilización, y en la base piramidal se localizan ejércitos de pobres que no alcanzan a satisfacer sus necesidades elementales de vestido, vivienda, empleo y alimentación.
En el mejor de los casos –y de acuerdo a informes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)–, las personas pobres en forma moderada viven con menos de dos dólares al día; algo así como 40 pesos.
Por décadas –y pese a las buenas intenciones de los hombres y mujeres que arriban al poder y se comprometen a combatir este flagelo–, el fenómeno continúa y eventualmente se agudiza, aun cuando en la Federación se opine lo contrario.
El crecimiento poblacional –de 20 millones de habitantes que éramos en 1940 pasó a más de 130 millones en 2020–, aunado a la eliminación de programas sociales y la creación de otros que no han dado resultados, la restricción presupuestal hacia el combate a la pobreza y la falta de vocación social de nuevos funcionarios públicos, se suman al fracaso para combatir la miseria.
Igual que los rezagos sociales como el desempleo, el empleo inestable y el consecuente deterioro del poder adquisitivo. Por eso no hay quien le crea a al jefe del Ejecutivo Federal cuando dice que, desde que está al frente Gobierno, hay menos pobres; porque no es implantando más y mayores impuestos acciones paternalistas como se erradicaría la pobreza.
Ya ve Usted que hoy pagamos mayores tributos a la Federación y el país nada que sortea la crisis económica… ¡ah!, pero eso sí, el Gobierno federal insiste en que ya somos menos pobres.
