TAMAULIPAS.- El éxodo venezolano y haitiano ha puesto en jaque a las autoridades y organizaciones civiles en la frontera de Tamaulipas, pues esta migración masiva se suma a la que históricamente protagonizan miles de habitantes de Centroamérica. Tan solo durante el 2023, la cifra oficial fue de 314 mil 473 migrantes que llegaron al estado con la intención solicitar una visa humanitaria a Estados Unidos. La cantidad de personas que arribaron a la frontera puede ser mucho mayor si se consideran a quienes buscan cruzar a Estados Unidos por otras vías.
Este fenómeno global, ocasionado por las condiciones políticas y sociales de países latinoamericanos, volvió a atraer los reflectores internacionales tras el secuestro y posterior liberación de 32 migrantes -venezolanos y hondureños- precisamente cuando se dirigían a Matamoros, para intentar acceder por la vía legal al país del norte. Desde hace años, tanto activistas como la propia autoridad ha manifestado el riesgo que corren los extranjeros que cruzan el país para llegar hasta la frontera.
El crimen organizado controla el negocio del tráfico de personas y es una de las causas del incremento de la violencia en algunas regiones. El problema, advierten, todos los especialistas en el tema es que el flujo migratorio desde Centro y Sudamérica no cesará, por el contrario, se espera que aumente.
VENEZUELA EL GRAN EXPULSOR
La inmensa mayoría de extranjeros que permanecen varados en distintos puntos de la frontera tamaulipeca son venezolanos. Los especialistas atribuyen la situación a varios factores, entre ellos la crisis humanitaria que se vive en ese país y las dificultades de acceder a un estatus migratorio regular en EEUU. Ligia Bolívar, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), destaca que muchos venezolanos llegan desde otros países tras varios intentos de migración. “El asunto es que las personas creen que lo que está mal es el sitio donde ellos están y por eso tratan de probar suerte. Es una situación que no está afectando solamente a la población venezolana”, explicó en un reportaje publicado por La Voz de América. En ese sentido, se refiere al impacto económico mundial de la pandemia del COVID-19 y la invasión de Rusia a Ucrania.
Desde al menos el 2015, Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja que ha causado “masivas, múltiples y severas” privaciones de diversos derechos que se evidencian en pobreza, hambre y colapso de servicios básicos, expone HumVenezuela, una plataforma integrada por 90 organizaciones de la sociedad civil que miden los impactos de la crisis.
La situación, exacerbada por la pandemia de COVID-19, ha causado que el país se haya convertido en el “más desigual” de la región desde el punto de vista de ingresos, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, proyecto que surgió ante la ausencia de estadísticas oficiales vinculadas con la realidad social y que se ha convertido en la mayor fuente de información “oportuna”.
El año pasado, Venezuela cerró con una inflación de 234 %, según cifras oficiales. Aunque según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) un ente independiente conformado por expertos, fue de 305,7 %.
En todo caso, el poder adquisitivo de los trabajadores está “pulverizado”. Desde marzo de 2022, el gobierno no aumenta el salario mínimo, que pasó de ser el equivalente a unos 30 dólares en ese entonces a poco más de 5 dólares actualmente. El 1 de mayo el presidente Nicolás Maduro anunció un aumento de las bonificaciones que son “insuficientes” y no acorde al artículo 91 de la Constitución, que establece que los trabajadores tienen derecho a un “salario suficiente” que les permita vivir “con dignidad” y que el Estado debe garantizar “un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”. Según el centro de pensamiento independiente, Equilibrium CenDe, más de 11 millones de venezolanos perciben ingresos mensuales inferiores a 101 dólares.
De acuerdo con el Observatorio de Gasto Público del Centro de Difusión del Conocimiento Económico (Cedice), el consumo promedio de 61 bienes y servicios de una familia de tres personas se ubicó en 497,5 dólares durante la segunda quincena de abril. Para los expertos y ciudadanos de a pie, se trata de un panorama sombrío que está “lejos de evolucionar hacia una pronta salida” y, de hecho, mientras no se produzcan cambios estructurales y políticos, el escenario es y será que la migración de venezolanos no va a cesar.
MIGRACIÓN SEGUIRÁ
Cada vez más países solicitan visas e implementan medidas más restrictivas, especialmente para los venezolanos, que enfrentan dificultades para gestionar documentación esencial como cédula y pasaporte, lo que significa un importante obstáculo. Al iniciar este año, el Instituto Tamaulipeco para el Migrante (ITM) mantiene monitoreadas dos caravanas de migrantes centroamericanos que pudieran estar llegando a tierras tamaulipecas este año.
Una, es la denominada por sus miembros como “Éxodos de la Pobreza” y una segunda llamada “Latinoamericana Unida”. La primera de la lista se creó hace cerca de 10 días en el Estado de Chiapas y está conformada por 10 mil personas entre venezolanos y haitianos. Mientras que la segunda es igual de parecida en número y personas. Sin embargo no es muy común que estas pisen tierras tamaulipecas, pues optan por viajar o cruzar la República Mexicana en tren o en la comúnmente denominada “la bestia” o “tren de la muerte”. Las rutas de este transporte, conectan desde la zona sur del país en un recorrido de más de 10 mil kilómetros de extensión.
Una de las formas de acceder es desde Tapachula, Chiapas y también los migrantes suelen acceder a los vagones a través de Oaxaca, pero el Tren de la muerte pasa por una variedad de puntos en México hasta llegar a “Este transporte no entra a Tamaulipas, sino que llega a Piedras Negras o Ciudad Juárez”, dijo Juan José Rodríguez
Alvarado, titular del ITM. Sin embargo es necesario y responsable vigilar dichas caravanas para actuar de forma inmediata si es que pretenden cruzar por Tamaulipas y evitar todo tipo de problemáticas en este tema.
Al respecto, Laura Dib, directora para Venezuela de WOLA, sostiene que la situación impide que muchas personas puedan regularizar su situación migratoria y por lo tanto acceder a las garantías de sus derechos, lo que, de manera “desesperada” los lleva a tomar rutas peligrosas como la selva del Darién.
Además, insiste en la necesidad de que se comprenda el contexto regional y alerta que imponer medidas más duras “no disuaden a la gente de migrar” y fomentan el funcionamiento de redes de trata de personas entre otras actividades ilícitas. Dib, abogada con maestría en Derecho Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame, destaca la necesidad de una respuesta regional de regularización migratoria pero también de la garantía del principio de no devolución.
POR. STAFF
EXPRESO/ LA RAZÓN
