La señora directora del INE confiesa su esperanza de que no desaparezca la institución que encabeza. La incertidumbre es real si se toma en serio el propósito que el presidente López Obrador ha declarado repetidas veces: podar el gobierno y dejarlo en calidad de esqueleto como si fuese un mecanismo de poleas interconectadas, aparato autómata sin más movimiento que los que le emita un centro de comando.
Este concepto simplista de bienestar lo ha ido aplicando metódicamente en sus cinco años en el poder. El nuevo presidente de Argentina ahora lo quiere imponer con un programa semejante de acción estatal condensado en un ideal unívoco de progreso realizado mediante una ilusa programación. La diferencia está en que Milei pone a la IP en la cumbre.
Las declaraciones de AMLO esta semana sobre su intención de desaparecer todos los organismos autónomos, por ser un perverso subgobierno en manos de los medios y empresarios que se opone y nulifica la acción del Estado. El programa que ha seguido AMLO lo evidenció desde el primer momento de su administración, la de socavar paso a paso la estructura detalladamente elaborada del sistema liberal en que desde mediados del siglo XIX se ha fincado el país. Su intento no amaina.
La creciente resistencia que suscita ya aflora y no tanto por las discutibles virtudes del esquema heredado, sino más bien por su arraigo en el hábito nacional y falta de mejor opción, que quizá será la que venza el ensayo en las elecciones del 2 de junio.
La tarea para la siguiente presidenta será la de corregir el virus de inequidad social y reconstruir al país en ruinas y en manos del narco.
Llegar a una verdadera transformación socioeconómica de México es cosa gradual y el camino empieza por el proceso electoral ya iniciado conforme al calendario marcado por el INE. La secuencia que se seguirá quedó dividida –como en las Galias de Julio César– en tres partes: la primera, que empezó el pasado 20 de noviembre, que se llamó precampaña y que terminó el 19 de enero. La siguiente, que llega hasta el 29 de febrero y que se llama “intercampaña” la continuará el primero de marzo la campaña propiamente dicha, que llegará hasta el 29 mayo, días antes del 2 de junio, fecha en que nuestro voto decidirá cómo será la inevitable evolución de México en el nuevo sexenio 2024-2028.
El proceso electoral es curioso. Para efectos de la etapa llamada “intercampaña” los aspirantes a cargos no deben ni llamar al voto ni llamarse candidato o presidente, no deben comprar espacios en medios ni difundir propaganda ni hablar como candidato ni hacer cadenas de App.
Tampoco utilizar portales, logos ni hacer videos u organizar reuniones ni eventos públicos o, finalmente, ni hacer rifas, sorteos o actos para juntar dinero. Todo esto en la “intercampaña”. Por contra, el candidato sí puede hacer publicaciones como ciudadano a título personal, hablar de que México necesita de todos los ciudadanos, opinar sobre la inseguridad, la pobreza, y la falta de medicinas, hacer comentarios sobre fotos y videos caseros, hacer reuniones y publicaciones orgánicas y tener un módulo ciudadano para recibir las inquietudes y propuestas de la gente. Las campañas electorales se realizarán del 1 de marzo hasta fines de mayo.
La rigidez de las normas no sólo sorprende, sino confunde. No puede uno imaginarse una campaña electoral así condicionada, sin anunciar las acciones que promete realizar pero que, por el peculiar bloqueo ahora en vigor, están expresamente prohibidas de ser mencionadas en la etapa que va del 19 de enero al 29 de febrero.
De hecho, empero, llevamos tiempo de ver a las dos candidatas, y ahora el espontáneo que brota, dedicados cuerpo y alma a viajar por la república anunciando su candidatura y sus propósitos de acción en caso de triunfar. Desde hace más de un año hemos insistido en la necesidad de incluir un periodo suficiente de debates públicos dentro del proceso de selección de candidatos.
No hay método más efectivo para informar al electorado de todas las características de los que tienen la suficiente confianza en sí mismos como para postularse.
La programación para 2024 incluye la realización de tres debates públicos. Los dos primeros serán el examen de determinados temas específicos, mientras que el tercero será de temas libres. Tres debates pueden ser insuficientes para que se cubran los vastos temas que componen la existencia mexicana.
El tamaño del país, de 130 millones, nos coloca entre los mayores del mundo y es necesario que nuestro electorado conozca la influencia que México puede ejercer en la toma de decisiones internacionales.
La administración de AMLO ha dejado a un lado este aspecto por atender los problemas de podar lo que equivocadamente le pareció irrelevante.´
